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RECTIFICAR SIN ADMITIR CULPA

PABLO ROVIRA DELEGADO DEL PERIÓDICO MAGISTERIO EN LA COMUNITAT

Martes, 5 de septiembre 2017, 09:36

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Para comenzar el curso con normalidad se ha recurrido a una norma excepcional; para sacar adelante un modelo que se dice consensuado se ha tirado de decretazo; para garantizar la elección de los padres durante la matrícula, señala la Administración, cuando dicha capacidad de elección lingüística se redujo en aquel periodo de admisión. El curso comenzará con un decreto ley provisionalmente estable. La normalidad de inicio de curso que la Generalitat lleva dos meses asegurando era esto.

La lectura de este decreto ley sólo puede ser en un doble plano, con sus propias causas y consecuencias cada uno y que al final convergen en una conclusión: la conveniencia de la medida técnica no exime de la responsabilidad política de quien la toma.

Es distinta la consideración sobre el decreto ley en cuanto a cómo afecta a las familias y centros en este inicio de curso que en su lectura dentro del ajedrez político. Pero es injusto, y cabe la salvedad, menospreciar el debate educativo y político de fondo, legítimo y democrático, con el argumento de la urgencia como si ésta justificara todo, más cuando esta urgencia ha podido ser debida a una procrastinación buscada pues ya han pasado 100 días de la primera suspensión del decreto.

A uno de septiembre, la situación requería un mal menor: la vuelta directa al decreto de 2012 llevaba a un nuevo periodo de matriculaciones, la anulación de los proyectos lingüísticos aprobados el curso pasado recuperaba unos proyectos de centro que no habían basado la elección de centro de las familias. Por el contrario, el envío de unas meras instrucciones a los centros basadas en el decreto suspendido nos podía dirigir a una nueva judicialización, pues ni el decreto ley ni el nuevo curso cambian que el decreto de plurilingüismo siga suspendido. Por tanto, la reinterpretación de esta suspensión continuaría generando incertidumbre en centros y familias.

Llegados a esta fecha, por consiguiente, el decreto ley se convierte en una solución de urgencia para que la escuela comience el curso tranquila pues no deja de ser anormal que los nuevos programas lingüísticos tengan fecha de caducidad. Tampoco es exacto señalar que este decreto ley es tramposo, que aprueba por decretazo el modelo que han suspendido los tribunales. El decreto ley realiza una equivalencia de los nuevos niveles lingüísticos y en ese sentido mantiene viva la llama del plurilingüismo propuesto por la Conselleria, pero elimina la ligazón entre idiomas, ese camino jerárquico que, más allá de los mínimos legales Lomce, iba del monolingüismo en castellano al bilingüismo valenciano-inglés. En definitiva, el decreto ley mantiene la llama, pero apaga el espíritu político de la norma suspendida. Ahora, en los tres programas -A, B o C- la carga de inglés es común, de cero a dos horas semanales a elección del centro.

El decreto ley elimina así las incertidumbres, y como mal menor nos permitirá arrancar el curso sin más sobresaltos evitando abrir un nuevo plazo de matrícula que a estas alturas causaría más trastornos que otra cosa. La Conselleria así utiliza la misma herramienta que utilizó el popular Bauzà en Baleares hace cuatro septiembres. La diferencia, no menor, es que a Bauzà el TSJ balear le suspendió el trilingüismo a seis días del inicio de curso y a Marzà con cien días de antelación. Lo dicho, las urgencias también se pueden buscar.

Por eso, que el decreto ley aporte valor a esta situación enmarañada no puede ocultar la responsabilidad política que nos ha llevado a esta situación y que tiene su raíz en un diseño plurilingüe jurídicamente contestado. La vigencia normativa no se debe esperar de la ausencia de recurrentes sino de la solidez de la reforma introducida. Para solventar la papeleta, se han tenido que aprobar nuevos programas lingüísticos sin negociarlos con nadie con un decretazo que reduce las posibilidades de recurso. En este sentido, empeño vano: a Bauzà se lo recurrieron 50 senadores socialistas, cámara ahora con mayoría popular.

La suerte de la Conselleria es que los agentes escolares favorables a sus tesis lingüísticas no exigirán esta responsabilidad, lo que en el ajedrez político facilita su enroque en la mera disputa partidista, que si las críticas son de la oposición parece que son de oficio. Ay los políticos, cualquier cosa antes que afirmar que lo podrían haber hecho mejor. Hasta las rectificaciones las pasan por victorias.

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