Puigdemont y el general Armada comparten abogado

Una pica en Flandes

La estupidez de que PP y PSOE son enemigos ha permitido que los independentistas debiliten la fortaleza de España

Puigdemont y el general Armada comparten abogado
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

Contaré una vieja historia que pone de manifiesto cómo nada sucede de repente. En 1981, unos guardias civiles, al mando de Tejero y a punta de subfusil, secuestraron al Congreso durante una larguísima noche. De madrugada, mientras aún les quedaba ánimo a los golpistas, el general Armada, que tal vez no formara parte de la conspiración, se ofreció para encabezar un gobierno de salvación nacional que, al mismo tiempo, rescatase las instituciones y diera salida a los secuestradores. La democracia española no aceptó y, gracias a eso, seguimos en pie. Pues bien, un mes después de aquella intentona, nuestro parlamento, conocedor por experiencia del tema, decidió dividir el delito de rebelión, o golpe de Estado, en dos tipos: el propio, que conlleva violencia, cometido por Tejero, y el impropio, que persigue idéntico fin, pero sin violencia, cometido por Armada. Un diputado se opuso a la distinción para proteger su propia libertad de expresión, se llamaba Blas Piñar, el último franquista.

Casi quince años más tarde, un débil gobierno socialista presentó su nuevo Código Penal, llamado pomposamente «el de la democracia». Corría 1995. Entonces, el PNV exigió, y la mayoría socialista concedió, eliminar del texto aquella rebelión impropia y, en todo caso, requerir violencia para que se considere delito un ensayo de golpe de Estado. Querían impedir que nadie fuera procesado por proclamar, de modo pacífico, la independencia de una región. En la sesión de 11 de octubre de aquel año, sólo un joven senador advirtió de que se iba a despenalizar el autogolpe de Estado. Que existen muchas formas no violentas de tumbar una Constitución, como la alteración del recuento informático en unas elecciones, por ejemplo. El delito no es declarar, pacíficamente, la independencia, es que se busque alcanzar con quebranto de la Constitución, vino a decir el senador. Consta en el Diario de Sesiones, pero no le escucharon porque era del PP.

Ahora, bastante después, se ha producido aquel supuesto de hecho. Carles Puigdemont y su gobierno han pretendido romper España, según ellos, de forma pacífica. No es verdad, utilizaron la fuerza, rajaron la ley, a las imágenes me remito. Sin embargo, la exigencia de que la rebelión sea violenta, sembrada antaño por el PNV, les da argumento. El autogolpe de Estado podría no ser delito en España, sostienen los abogados independentistas, casi como ya hicieran los del general Armada.

La estupidez instalada, según la cual el PP y el PSOE son enemigos y no pueden colaborar, ha permitido que, durante décadas, los independentistas se aprovechen de nuestra división y debiliten el discurso y la fortaleza de España. Hoy, Puigdemont tantea recoger, ante la justicia alemana, las manzanas del árbol que movió el PNV en 1995, justo cuando ETA mataba a rabiar. ¿Aprenderemos de esta? Eso espero, porque aquel joven senador era yo.

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