Una propuesta egoísta

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Cuatro décadas después de su creación, y trece elecciones generales después de su estreno, puede decirse que haya poco que no sepamos de cómo está diseñado y de qué consecuencias políticas despliega nuestro sistema electoral.

De él sabemos que sobrerrepresenta a la España rural y subrrepresenta a la España urbana; que cuenta con un sesgo mayoritario que beneficia a los dos principales partidos de ámbito nacional, sin por ello dejar de ser un sistema proporcional que permite el acceso al parlamento de la práctica totalidad de las fuerzas políticas de relevancia; que no brinda especiales ventajas a los partidos nacionalistas, por más que el peculiar equilibrio de fuerzas en el Congreso los haya convertido a menudo en decisivos; que brinda una enorme capacidad de influencia a los dirigentes estatales de los partidos al permitirles que se reserven la última palabra a la hora de confeccionar las listas electorales; que presta poca o ninguna atención a la democracia interna de los partidos y se inhibe en la participación de los electores en la selección de los candidatos; y que genera parlamentarios con más disciplina que experiencia o capacidad. Es un sistema electoral que gracias a su sesgo mayoritario ha venido dando a España gobiernos estables sustentados en mayorías parlamentarias suficientes -absolutas a veces, cercanas en otras ocasiones-, y que ha hecho de nuestro país el único de Europa en donde jamás ha caído un gobierno por falta de apoyo legislativo, y jamás ha llegado a formar gobierno quien no fuera el líder del partido más votado.

Por eso precisamente me llama tantísimo la atención que la propuesta de reforma del sistema electoral español que al parecer desean consensuar Ciudadanos y Podemos -«la política hace extraños compañeros de cama», repetiría Churchill- parezca enfocada única y exclusivamente hacia la sustitución de la famosa regla D'Hondt por la cuasi desconocida de Sainte-Laguë como fórmula para el reparto de los escaños. Un cambio que -de materializarse en esos términos-, dejaría sin resolver todos los serios problemas que acabamos de referir, para abordar únicamente aquel aspecto de nuestro modelo cuya reforma más beneficios podría reportar a los partidos proponentes. Un cambio que dejaría para otra ocasión la supresión del actual desequilibrio territorial en la representación, la implantación de listas abiertas, la exigibilidad de las elecciones primarias, el reforzamiento del control sobre las finanzas de los partidos, o la mejora de la participación de los españoles en el extranjero, para ocuparse sólo de garantizar que Podemos y Ciudadanos lograrán unos pocos escaños más a costa de socialistas y populares. Un cambio que ni siquiera mejoraría la tan criticada infrarrepresentación de las minorías, toda vez que supondría la sustitución de una fórmula sesgada a favor de los partidos mayoritarios por otra beneficiosa para los partidos intermedios. Un cambio, en suma, pensado mucho más para el beneficio propio que para el de los ciudadanos.

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