PROBABLEMENTE SEA UN PATO

Julián Quirós
JULIÁN QUIRÓS

A estas alturas, Marzà es un caso de manual para el pensamiento inductivo del test del pato. «Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato». No le demos más vueltas. Si se declaró independentista en una radio local catalana, si borró sus peligrosos tuits para ocultar sus ideas cuando se enteró de que iba a ser conseller, si se dedicó el primer año de mandato a hostigar la enseñanza concertada, si después pretendió implantar un sistema lingüístico coercitivo forzando las opciones educativas de las familias, si se rodeó en su gabinete de activistas de Escola, si luego ha inundado a este sindicato catalanista de subvenciones, si hasta le ha rozado el plan abracadabrante de pretender valencianizar los apellidos de los recién nacidos... Es un pato, no hay duda. No hacía falta que pusiera en marcha su Oficina de Derechos Lingüísticos repleto de faltas jurídicas para corroborar esta impresión. La ODL lleva sin duda el sello del pato.

Ilustración: Sr. García

Da toda la pinta de que el conseller de Educación se ha vuelto a pasar la ley a la torera y lo acabará pagando, tras ignorar la tarjeta roja que le sacó el Consell Jurídic Consultiu. Ignoró al Jurídic y tiró por la calle del medio del decreto. Pese a que fue advertido de que esa oficina suya no tenía cobertura legal para inmiscuirse en los casos de particulares y empresas privadas y además provocaba indefensión a los afectados, porque ni les permite audiencia previa, ni aportación de pruebas, ni la posibilidad del recurso. Alguien pone una denuncia (lo llaman aviso) contra otro y aviado va; un disidente marcado. Como esa concejala de Compromís que delató a una cafetería de barrio porque no le atendieron en castellano, Cleo’s se llama el local, que a saber a cuenta de qué pensarán ellos viene llamar Cleo’s a una cafetería en Burjassot. Pero hay más; la Oficina de Derechos Lingüísticos no se ocupa de los derechos de los castellanohablantes, y puede actuar de oficio, y lo guarda todo en un registro para que no haya olvido ni perdón. Pero esto por lo visto no es una presión del poder político, ni un principio de totalitarismo blando como el que han llevado a cabo en Cataluña a base de multas contra los comercios desafectos al régimen. Esto es una mediación con buen rollo (como el reciente escándalo que le montaron a la cadena Consum), aunque pueda parecer un decreto coercitivo y ajeno al estado de derecho. La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo se ha bregado con eficacia en el asunto y aparte de denunciarlo al TSJ debiera estudiar la posibilidad de reclamar la suspensión cautelar, no sea que como parece el pato esté vulnerando otra vez derechos fundamentales de una parte de la población. Al margen de la técnica procesal, cabe preguntarse si en términos de responsabilidad política no tiene algo de prevaricadora la conducta de un cargo público que aprueba un ente ilegal con pleno conocimiento, sea o no vinculante el informe de los expertos. Si en lugar de tratarse de un mecanismo político/administrativo, fuera una concesión o concurso, la prevaricación salta a la vista. En uno y otro caso son distintos los ámbitos de actuación, pero no el ánimo del responsable político.

El conseller de Educación se ha vuelto a pasar la ley a la torera y lo acabará pagando, tras ignorar la tarjeta roja del Consell Jurídic Consultiu

Marzà tampoco ganará esta partida. Esto no es Cataluña. En realidad, la conciencia de la democracia liberal aquí está más interiorizada en sus hábitos históricos por una ciudadanía que de verdad ha sabido vivir dentro y fuera del territorio con normalidad, en un constante ir y venir por el mundo, mezclándose y aceptando al foráneo; bebiendo de diversas fuentes y culturas. Existen en la Comunitat medios de comunicación y entidades discrepantes, que no se achantarán. Y una comunidad de lazos comunes dormida que despierta en momentos cruciales cuando se siente atacada. Valencia ha demostrado ser una sociedad mucho más plural y libre que la catalana, donde la crítica fue silenciada hasta fechas recientes y sometida al ostracismo, denigrados como ‘malos catalanes’. Aquí cuando el Bloc intenta otorgar diplomas de ‘buenos valencianos’, la gente se echa a reír. Aquí se siente una identidad bien definida y segura, la valencianía, integrada en la realidad nacional española, diversa, pero el valenciano con su espíritu verdaderamente mediterráneo, aparte de asumir unas propiedades específicas como pueblo, nunca, nunca, ha renunciado a poner en valor y encumbrar a los individuos por encima de las señas colectivas. Y esto es esencial, porque los genuinos sujetos de derecho en cualquier ámbito democrático son los individuos, uno a uno. Popper lo dijo en su momento con una cierta radicalidad: «La idea de libertad exige ser lo menos dominado y gobernado posible». Sólo lo justo para facilitar la convivencia y atender las necesidades humanas. A Popper lo ha vuelto a poner de moda Mario Vargas Llosa esta semana en la presentación de su último libro. Al resaltar los males de los nacionalistas, estén donde estén, y ese primitivismo gregario tan suyo previo al proceso civilizador, donde los individuos se someten a la tribu, al brujo o al cacique que toma por ellos las decisiones vitales, amparándose en que los individuos no son tales, sino una manada, por el hecho de hablar una lengua, adorar a los mismos dioses o practicar costumbres similares. La llamada de la tribu, que se intenta imponer en Valencia y en otras partes (Trump, Putin, el procés, el brexit...), es la coartada de los nacionalistas para recortar las responsabilidades y la autonomía de los individuos.

Gabriel Tortella escribía el viernes sobre la dualidad del socialismo español, «constitucionalista los días pares y antisistema los impares», lo que llevó al PSOE a asociarse con los nacionalistas tras las elecciones autonómicas de 2015 («a esos movimientos con sus querencias anticonstitucionales que durante la Guerra Civil contribuyeron a desbaratar la cohesión del Gobierno republicano y a acelerar la victoria de Franco»). Nada define mejor el Consell tripartito valenciano y sus dos tendencias antagónicas en el ejercicio del poder. Tenemos al president Puig los días pares colaborando con los empresarios de AVE de Vicente Boluda, en un papel institucional propio del contexto europeo, y los días impares presentando una reforma constitucional que ha preferido pactar con Mónica Oltra y los otros aliados nacionalistas en lugar de con sus colegas del PSOE, el espacio natural para articular una propuesta ideológica socialdemócrata válida para todos los españoles. Puig opta por primar esa llamada de la tribu, referida por Vargas Llosa. Y pasa lo que pasa, que la tendencia antisistema domina la imagen general del gobierno valenciano por encima del tono institucional que pretende dar Ximo Puig. Y nos topamos con las intenciones del conseller Marzà, la condena al Ayuntamiento de Buñol por colocar una bandera ilegal, el boicot al Premio Convivencia Manuel Broseta o la peligrosa deriva de À Punt, también llamada Telecompromís.

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