La privatización de la diplomacia local

FERRAN BELDA

El PP no acudió pero Podemos, sí. Dos diputadas del partido de Pablo Iglesias asistieron a la reapertura de la 'embajada' de la Comunidad Valenciana en Madrid. Es decir que, al igual que la consejera de Justicia, la fiscal en excedencia Gabriela Bravo, y el culebreante Joan I. Pla avalaron con su presencia la privatización de la diplomacia autóctona. Que no otra cosa es el acuerdo de optimización de recursos en virtud del cual la Generalidad cede a la Fundación Conexus sus dependencias en la capital de España a cambio de que ésta la represente ante quien se tercie. Pero algo me dice, llámenme puntilloso, que en el fondo, y en la forma, de este insólito intercambio de favores -más bien dejación culposa de obligaciones- hay algo que chirría. Algo que no cuadra, aparte de las cuentas, que, como es obvio, no pueden cuadrar. Uno de los contrayentes, el Consell de Ximo Puig, aporta muchísimo más -un inmueble en lo mejorcito de Chamberí- que la novia -el pago de los gastos de mantenimiento, y no todos- a este matrimonio de conveniencia. Y es que esto no es poner a la zorra a cuidar del gallinero. Mal que me pese señalarlo, es acomodarla en su interior, darle la llave y dejarle que disfrute a sus anchas de las ventajas de tener a su disposición una especie de consulado con su placa y sus enseñas oficiales a la puerta. ¿Me equivoco al pensar que quizá este trato, este novedoso 'do ut des' público-privado, no debería haberse cerrado nunca? Depende de cómo se mire. Si nos atenemos a lo dispuesto en el proyecto de ley que ha de regular este tipo de componendas sobre publicidad el convenio no puede ser más transparente. Pocas decisiones se han comunicado con tanta antelación e indiferencia como ésta de volver a levantar la persiana autonómica en la Villa y Corte de consuno con una entidad privada. Sin embargo, es imposible que una contraprestación tan atípica como la que nos ocupa cumpla en su totalidad una norma tan compleja como la aprobada por el Consell 5 días después de la fiesta matritense, que ya es casualidad. El proyecto legal que ha de regular la relación de los poderes públicos con los seductores políticos profesionales consta de 5 capítulos y 32 artículos. Donde se estipula, sin ir más lejos, que los poderes públicos no podrán favorecer a unos grupos de interés frente a otros. Lo que significa que va a tener que dejar la oficina de Bruselas -no hay más- a otros cabilderos para no infringirla. Lo más penoso del caso es que el presidente de Conexus habría sido un magnífico 'embajador' de la CV si no fuera por un pequeño detalle. Y es que después de ejercer de abogado defensor preferido del Consell (y del Ayuntamiento y de la Diputación) entre 1995 y 2005 ahora igual le defiende que le acusa (Ribera Salud, Puerto Mediterráneo, etc.) Y todo no puede ser.

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