PORCENTAJE

MANUEL ALCÁNTARA

Una vez comprobado que prometer no arruina a nadie, el Gobierno promete un 25% de castellano en Cataluña. Nuestro ministro de Educación, que está muy bien educado, asegura el derecho que tienen las familias a que sus hijos reciban clase en el idioma que entendemos todos en Cataluña, según las distintas resoluciones judiciales. Dice que no habrá cambio de modelo, ya que no se puede cambiar una ley aprobada por el Parlament, aunque nos caiga estrecho de hombros y de hombres. Si los soberanistas no forman Gobierno en las próximas semanas, la cosa irá para largo, o sea para nunca. Ya se ha recurrido en tres ocasiones la llamada 'preinscripción escolar' en Cataluña, que obliga al castellano como lengua vehicular. Es el que se habla en ese medio mundo nuestro al que solemos denominar Latinoamérica, porque nos parece exagerado llamarle Hispanoamérica, pero el idioma anda en la lengua de la gente y es imparable. Nos está mojando los talones, incluso los talones bancarios. El Banco Popular ha perdido casi 13.800 millones en 2017, pero no hay que hablar de pérdidas sino de recuperaciones. Las familias no quieren que sus hijos se hagan mayores en el mismo país en que ellos envejecieron. Por eso están empeñados en modificar el pasado, siempre irreparable.

La solución, si es que la hay, es ver las cosas a otra luz, porque la claridad cambia las cosas, pero el soberanismo sigue perturbándolo todo. Eso de que estudiar español sea una anomalía en algunas partes de España, más que una opción es un despropósito. La mitad de la sociedad catalana no es separatista, pero hace menos ruido que la otra media, porque chilla más, no porque tenga más voz ni más votos. La hemiplejia partidista es siempre ruinosa. Ahora hay algunos que quieren chamuscar el artículo 155 y el olor nos llega a todos, menos a los incendiarios.

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