Política en Cataluña

ANTONIO PAPELL

A finales de noviembre, el Senado aprobaba la propuesta gubernamental de aplicar a la situación catalana el artículo 155 de la Constitución. Poco después, Rajoy convocaba elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre, que ganaron los independentistas, si bien para alcanzar la mayoría absoluta siguen necesitando el concurso de la CUP, que impone sus atrabiliarias condiciones rupturistas.

De hecho, para complacer a la CUP, JxCAT y ERC aprobaban el jueves un artificioso y pintoresco acuerdo de investidura que prevé impulsar un 'Pacte Nacional Constituent' encaminado a alumbrar una «constitución catalana». Un proceso que culminaría con una «multiconsulta» con «todas las garantías» [otro 9-N]. En síntesis, la construcción de la «república catalana» se llevaría a cabo a través de tres «vías de acción»: el Parlament y el Govern desde Catalunya, el «Espai Lliure de l'Exili» y la «ciudadanía catalana empoderada con la autoorganización colectiva y el proceso constituyente».

Con esta disparatada y estrambótica estrategia, tanto JxCat como ERC pretenden convencer a la CUP de que respalde la investidura de un candidato. De momento, el elegido para la farsa es es Jordi Sánchez, quien está en prisión y seguramente lo seguirá estando, por lo que la intentona será en balde. Y más adelante, designarán a otro distinto -¿Turull?-, que si está imputado será efímero por razones obvias. Pues bien: si semejante estrategia se mantiene, será evidente que el independentismo catalán no está dispuesto en absoluto a acatar la legalidad vigente, y en este caso, nada improbable, la respuesta política del Estado (si nada cambia) correspondería como hasta ahora al Poder Judicial.

Por esta vía, ya ha quedado claro que el intento torticero de retorcer el Estado de derecho y de violentar su integridad territorial quedará reprimido. El Estado es fuerte y se impone a quienes se atreven a retarle. Pero quizá fuera más efectivo y más expresivo que la política interviniera en este caso, desarrollando en la medida de lo necesario el propio artículo 155 que hasta el momento se ha aplicado en su mínima expresión.

Cabe, en fin, que si el independentismo persiste en su idea de proclamar la República Catalana, el Gobierno, con la autorización del Senado, vaya más allá y suspenda o intervenga la autonomía por un plazo determinado, hasta desmantelar completamente las estructuras sediciosas que se han construido, quién sabe si con recursos públicos malversados. De este modo, gestionando también el Gobierno y no sólo los jueces en solitario el proceso, se evitaría que fuera más lejos la judicialización del conflicto y, al anticiparse el Estado a nuevas infracciones, no habría lugar a nuevos delitos que requirieran la intervención judicial. Tras el intento de sedición y quién sabe si de rebelión, lo lógico es tomar las medidas preventivas para que no se reitere la intentona.

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