Poder y obediencia

La guerra por mi cuenta

Lo sucedido la pasada semana en Cataluña revela que por fin volvemos a tener un Estado y que la mayoría de los catalanes no tienen nada que objetar

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Poder y obediencia son las dos caras de la misma moneda. Únicamente allí donde el primero es capaz de producir la segunda hallamos un sistema político verdaderamente eficaz. Solo que eso no siempre sucede, o no lo hace en la medida que los titulares formales del poder lo desearían, de modo que la Historia se halla repleta de instituciones cuyas leyes dejaron un buen día de ser acatadas por sus destinatarios, y de líderes cargados de poder que jamás ocuparan un cargo público conmensurable con éste.

Lo dicho viene a cuento de lo sucedido la pasada semana en Cataluña, a raíz de que el Estado español se decidiera por fin a ejercer como tal frente al desafío del 'procés' y activara -para alegría de unos, disgusto de otros, y sorpresa de casi todos- apenas una mínima parte de su aparato coercitivo. Tanto los que han puesto el grito en el cielo denunciando abusos de poder que nos colocaban al borde del estado de excepción, o incluso -en el colmo del cinismo- alegando que la acción liberticida del Estado acababa de hecho con «el régimen del 78», como los que nos hemos congratulado de comprobar que el Estado de Derecho se hallaba en Cataluña aturdido pero no fuera de combate, hemos coincidido en valorar los hechos de la semana pasada como una demostración de poder por parte del Estado. Como la evidencia, en palabras de un reputado colega, de que «por fin tenemos Estado».

Solo que eso, siendo completamente cierto, es solo una parte de la verdad y no la verdad entera. Porque lo auténticamente noticioso no es tanto que el Estado decidiera hacer ostentación de su poder en Cataluña, como que los catalanes acogieran esa demostración de fuerza con alivio en unos casos, y con resignación, incomodidad o indignación en otros, pero siempre con una obediencia que muy pocos se habrían atrevido a predecir semanas atrás. Bastó con que un fiscal en Barcelona y una docena de magistrados en Madrid empezaran a 'sacar papel', para que en un abrir y cerrar de ojos los proveedores de internet se pusieran a cerrar webs, los bancos a congelar fondos, las imprentas a entregar planchas, los políticos a disolver sus mítines, los funcionarios de la Generalitat a informar a Hacienda, los Mossos a colocarse en primer tiempo del saludo, y los miembros de la Sindicatura Electoral a conjugar en primera personal del plural el verbo dimitir. Y sin que la tan cacareada reacción de la calle pasara de unas pocas concentraciones, algún encierro y -eso sí- muchos, muchos tweets que el tiempo no tardará en llevarse por delante.

De manera que quienes pensaban que el secesionismo iba a poder triunfar ante la pasividad de un Estado atado de pies y de manos, deben haber descubierto con incredulidad no solo que ese Estado sigue vivito y coleando, sino que la mayoría de los catalanes no tienen nada que objetar a ello. Y el resto de los españoles, ni les cuento.

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