A partir de ahora

EDUARDO BENLLOCH GARCÍA

Pasadas las escaramuzas previas y la primera batalla de esta guerra particular entre soberanías (la española y la pretendida catalana) parece que habrá que pasar a un segundo acto, que algunas partes - no los soberanistas- proponen para propiciar una salida pacífica al conflicto y aparcar - por el momento- los enfrentamientos directos.

Las posibilidades -si descartamos la posible proclamación de la independencia que rompería todos los puentes- que se apuntan por distintos actores podrían ser: diálogo, prosecución de las acciones judiciales, elecciones. Opciones no únicas ni, por supuesto, mutuamente excluyentes.

Las voces más numerosas señalan al diálogo como base de la acción política a partir de ahora. Lo peor es que reclaman diálogo per se, sin fijar sobre qué, con quién o quienes, ni dónde, ni hasta dónde y toca definir muchos aspectos del significado de esta acción política. Diálogo es -en castellano- plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos (DRAE), y también conversación entre dos partes para llegar a un acuerdo (María Moliner), siendo esta última la que encajaría mejor con la situación política, es decir conversar para llegar a un consenso. Éste deriva de consentir (DRAE : permitir que se haga una cosa o condescender en que se haga; pero también : resentirse una cosa, desencajarse, principiar a romperse). A buen ir nos interesa a todos un diálogo con el objetivo de llegar a un acuerdo aceptable teniendo claro previamente qué es lo que se puede consentir o consensuar sin que el conjunto se resienta. Ya estamos ante un grave escollo cual es el objetivo del diálogo. Sin tener claro hacia dónde ir es imposible avanzar.

Otro punto importante es con quién se establece el diálogo. Entre dos actores individuales, entre dos entidades contrapuestas Gobierno del Estado/Govern Catalá o por un diálogo con múltiples actores institucionales (Gobierno/Parlamentento Nacional/Govern/Parlamento autonómico) y en cualquier caso a través de personas determinadas de cualquiera de los ámbitos mencionados. Esto añade nuevos escollos al tener que elegir personas cuyos intereses políticos y personales están potencialmente muy alejados, por mucho que sus planteamientos teóricos se hagan por un supuesto bien común. Cuantos más actores menos posibilidades de acuerdo.

No estamos en la misma situación que en los años 70, en los que el objetivo era claro y todas las fuerzas estaban dispuestas a sacrificar máximos en aras de su consecución. Ahora a la natural atomización de intereses se une la ausencia del objetivo común. El diálogo entre personas que representan fuerzas constitucionalistas no proclives a cambios estructurales y con apoyos claramente insuficientes, fuerzas constitucionalistas sí proclives a estos cambios, fuerzas nacionalistas claramente rupturistas o potencialmente rupturistas, involucrándose además intereses económicos de los distintos territorios estatales, va a hacer muy difícil el consenso porque no parece sensato promover el diálogo para "encajar" un determinado territorio "de forma especial". Es decir, que se haga para satisfacer sólo las ansias de los independentistas catalanes. Mal caldo de cultivo para una modificación de la Constitución que requiere de grandes mayorías para su aprobación y de una clara voluntad ciudadana para su refrendo. Eso sin contar que algunas personas podrían estar vetadas de antemano para el diálogo, por su participación delictiva en los actuales acontecimientos. Parece, pues, servido un diálogo de sordos, o sea, "aquel en que los interlocutores tienen sus propios puntos de vista y no tienen voluntad de llegar a un acuerdo" (DRAE).

Las acciones judiciales en un Estado de Derecho es obvio que no pueden interrumpirse sin que se resienta el armazón estatal. No puede ningunearse la acción judicial, por lo que ésta no puede entrar en el diálogo o negociación y debe seguir sus pasos, tiempos y normas. La depuración de responsabilidades y la asunción de las decisiones de los jueces no es, no puede ser, negociable.

La opción de las elecciones podría ser una vía siempre que se cumplieran algunos requisitos y se decidiera razonadamente el ámbito de las elecciones, estatal o catalana. La estatal podría tratar de reconstituir un Parlamento más fuerte, con un predominio a ser posible de constitucionalistas no proclives a cambios estructurales constitucionales radicales, aunque con el riesgo cierto de empeorar el reparto de fuerzas que en el fondo es lo que buscarían los rupturistas y no sólo los secesionistas.

Las elecciones catalanas sólo serían buena opción para los secesionistas, probablemente sólo para ERC que por su calculada conducta durante el procés podría capitalizar en su favor la presión independentista, desplazando a los antisistema de la CUP y a la ya dividida exConvergencia. Aquí tendría que darse, además, una batalla legal por las posibles inhabilitaciones de cabecillas de la rebelión por el mal llamado referéndum, cuyas consecuencias no serían menores.

Habría que convenir con Harari Y.N. que "las elecciones democráticas sólo funcionan en el seno de poblaciones que ya comparten algún vínculo, como creencias religiosas y mitos nacionales comunes. Son un método para zanjar desacuerdos entre personas que ya están de acuerdo sobre las cosas básicas. Cuando estallan conflictos fundamentales en el seno de una nación relacionados con la definición misma de su identidad - como ocurrió en Alemania en 1933, en Estados Unidos en 1861, en España en 1936 y en Egipto en 2011- celebrar elecciones democráticas no es en absoluto una panacea, porque los partidos enfrentados no tienen razón alguna para respetar los resultados" (Homo Deus). Esto puede estar pasando ahora en nuestro país nuevamente, y unas elecciones no tranquilizarían al país ni conseguirían mejorar la convivencia porque el odio inyectado por la propaganda y la presión social de los sediciosos no desaparecería. Como mucho se aplazaría el conflicto un tiempo previsiblemente corto.

Mal porvenir político se avecina con las consecuencias sobre la economía y la necesaria creación de trabajo que la inestabilidad social conlleva. Así no vamos a dejar a las próximas generaciones un país, ni probablemente un mundo, tan favorable como las dos últimas generaciones, con su esfuerzo, lograron crear en los últimos cuarenta años. Y la Historia nos lo reprochará.

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