DESCONTAR EL RECURSO

Dada la vocación opositora del Botànic, no es de extrañar su tendencia a corregir al Gobierno del Partido Popular

María José Pou
MARÍA JOSÉ POU

A veces los expertos en movimientos bursátiles dan por descontados en sus cifras una crisis o un bache político incluso antes de que se produzcan. Así, saben que los mínimos que marcan sus índices al cierre de una jornada serán superados al día siguiente con toda seguridad porque la Bolsa ya ha incluido el impacto de lo sucedido en sus cuentas. Del mismo modo, parece que algunas administraciones, como la del Botànic, funcionan con una pauta similar cuando legislan: dan por descontado el recurso en el Constitucional. A juzgar por lo sucedido con algunas normas valencianas -las últimas, la de pobreza energética y la de la función social de la vivienda- empieza a ser una constante enfrentarse a un recurso de inconstitucionalidad.

Si fuera una cuestión de calado o de interpretación compleja por parte del legislador se entendería el riesgo y la corrección posterior. También si se tratara de un caso aislado, podríamos pensar que son problemas inherentes a la gestión de lo público. Sin embargo, cuando es un asunto de competencias o cuando vemos tropezar a la Comunidad Valenciana una y otra y otra vez en el mismo punto, resulta extraña la insistencia. Cabría pensar que los políticos, en su afán por regular aquello que consideran olvidado o mal gestionado por el partido opuesto, no perciben los límites de su acción. Así, dada la vocación opositora del Botànic, no es de extrañar esa tendencia a corregir al gobierno del PP. Ahora bien, podría disculparse el entusiasmo puntualizador si no supiéramos que en las administraciones existen técnicos y letrados que advierten constantemente de los errores de ese tipo. Acabamos de verlo en el Parlament donde fueron obviados los informes de sus letrados en los que cuestionaban la legalidad de las leyes de independencia. Si siguieron adelante el Govern y la presidenta Forcadell fue porque pusieron sus intereses por encima de la ley.

El caso valenciano, sin duda, es muy distinto pues no se pretende atacar la legalidad a sabiendas ni poner en jaque al Estado. Sin embargo, aunque no haya voluntad explícita de situarse fuera de la ley, lo cierto es que se repite demasiadas veces esa realidad y, lo que es peor, tiene un coste para el ciudadano que podría evitarse. Son dos grados de irresponsabilidad, distintos pero perjudiciales. Uno, el de quien actúa sabiendo que el Constitucional tumbará su ley y otro, el de quien tiene dudas y se arriesga. El problema es que el riesgo es costoso, dilata la mejora de la ley, crea inseguridad cuando se aprueba ésta y da la sensación de desconocimiento e improvisación por parte de quien legisla. No son similares esos grados irresponsabilidad pero afectan a las arcas públicas. Es la diferencia entre quien malgasta dinero público porque se lo queda y quien lo hace porque gestiona sin control. Lo peor es que sabemos el origen de esa disfunción: no es torpeza de los técnicos sino intereses políticos.

Fotos

Vídeos