La nueva política

Los contratos a dedo persisten, con el dinero público se premia a afines y los tribunales siguen obligando a la entrega de expedientes. Pero había otra forma de hacer las cosas

María José Grimaldo
MARÍA JOSÉ GRIMALDO

Venían a cambiarlo todo. O eso contaban. A poner punto y final a la vieja política. A demostrar que sí es posible otra forma de hacer las cosas. De gobernar. De gestionar. A convertir en cristal las paredes de las instituciones. A hacer de la transparencia su bandera. Con esas promesas, legítimas todas, irrumpieron las fuerzas políticas de izquierdas en la mayor parte de las instituciones valencianas. De aquello han pasado ya dos años y siete meses, más tiempo del que resta para acabar la legislatura y, por tanto, suficiente para sacar ya algunas conclusiones.

Por ejemplo, que los contratos menores, las adjudicaciones a dedo, para entendernos, no han desaparecido de las administraciones. Cuarenta y tres millones ha gastado el Ayuntamiento de Valencia en sólo dos años. Y, además, han ido a más. Del primer verano del tripartito, recién llegado, al tercero, entre los meses de julio y septiembre de 2017, se ha pasado de 1'6 millones a 6'2, un 280% más, que no es poca cosa. Por departamentos, Fuset en Cultura Festiva y Pilar Soriano en Parques y Jardines lideran el ranking.

Aunque no sólo persisten los contratos menores. También la familiaridad de muchos de sus beneficiarios. El asunto antes se conocía como 'los amiguitos'. Me pregunto cómo se denomina ahora a quien, como el hermano de un dirigente de Compromís, se le adjudican contratos por separado, primero a su empresa y luego a él mismo, para prestar servicios en la Diputación, entidad donde casualmente el cargo político fue asesor de Cultura. ¿Quizá camaradas?

Pero hay más de aquella vieja política. Los tribunales son testigo de las veces que tuvo que recurrir a ellos la entonces oposición para que se le facilitara información. Hoy, además de las sentencias que obligan a ello, también el Defensor del Pueblo insta a la entrega de expedientes. Bajo llave continúa en Valencia la sanción de Protección de Datos por la encuesta fallera.

Las cosas tampoco son distintas en el reparto de subvenciones públicas. Cambiar sólo ha cambiado el nombre de los receptores. Por eso se retiran cien mil euros a Lo Rat Penat después de aprobarlos el presidente de la Diputación pero sí reciben en un solo día 350.000 euros Acció Cultural, Ca Revolta y Escola Valenciana. Un millón setecientos mil euros lleva repartidos la izquierda a entidades catalanistas.

Es cierto que queda mucha legislatura por delante. Y quizá las cosas empiecen a ser distintas. En el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, acaba de incorporarse una instrucción al presupuesto que anula la obligatoriedad de control en la fase inicial de aprobación del gasto para un contrato menor, por lo que se aprobará directamente sin trámite previo de Hacienda. Ahora la fiscalización se hará de forma posterior «por muestreo». La medida se adopta pese a la advertencia de la propia Intervención General del Ayuntamiento en octubre de 2016 por el aumento de este tipo de contrataciones. Pero quizá sean éstas, ya, las cosas de la nueva política.

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