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Que el Congreso de los Diputados haya debatido y aprobado la renovación del cupo vasco y que las autonomías del régimen común lleven esperando desde el 1 de enero de 2014 la renovación del sistema de financiación genera, per se, una discriminación a esas quince regiones. La reivindicación de un modelo que acabe con el maltrato que arrastra la Comunitat no viene de esa manifestación del pasado 18 de noviembre que en ningún caso pasará a la historia. Ni siquiera es algo que haya descubierto el Gobierno del Botánico, por sorprendente que les pueda parecer. Apenas un par de años después de aprobarse el sistema de financiación de 2002 -ese que tomó inspiración de lo que algunos bautizaron como 'modelo Zaplana'-, el Consell entonces presidido por Francisco Camps ya se dio cuenta de que el crecimiento de la población de la Comunitat no se veía acompañado ni de lejos de un incremento de ingresos. Y, claro está, eso generaba un déficit de recursos. Reclamar que la financiación se ajustara a la población real fue la gran exigencia durante la negociación de la reforma que vio la luz en 2009. Se exigió, pero la realidad es que pasó bastante de largo, porque el modelo aprobado ese año -con los votos del PSOE, por cierto- no corrigió la infrafinanciación de la Comunitat. En el debe de los socialistas, por lo tanto, cabe apuntar el de un sistema que a los valencianos no les benefició ni mucho ni poco, sino nada. En el de los populares, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya desaprovechado 2014, 2015, 2016 y 2017, por ahora, para cambiar el modelo y mejorarlo. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pensar que habrá un nuevo modelo este año era y es un ejercicio de autoengaño que puede quedar bien para satisfacer a algunos, pero que no soporta el menor rigor. Sin Cataluña en una situación política razonable, no habrá modelo. Y eso significa que la negociación real del nuevo sistema no arrancará antes del próximo mes de marzo, cuando esa región disponga de nuevo Gobierno. ¿Y entonces? Cataluña podría reclamar un sistema de cupo similar al del País Vasco -no lo descarten-, y en ese caso los seis meses que se van a prolongar los trabajos de la comisión territorial resultarán más que cortos. En caso contrario, las 15 autonomías del régimen común tendrán 5.000 millones adicionales -lo que reportará el crecimiento de la actividad económica a las arcas del Estado- para repartirse. La Comunitat viene reclamando 1.300 millones para atender el coste de los servicios públicos básicos, aunque la realidad es que el incremento de recursos en el modelo -2.000 millones en dos años- falsea esa reivindicación. Otra cosa es lograr que los valencianos reciban como la media. Y para ver eso habrá que esperar, tomen nota, al menos un año.

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