¿Parcialidad, sectarismo o prevaricación?

En un Estado de Derecho la discrecionalidad de los gobernantes tiene el límite que marca la legalidad

CARLOS FLORES JUBERÍAS

La parcialidad, que en un juez o en un árbitro sería imperdonable, resulta en política un pecado a lo sumo venial. Quizás porque 'parcial' y 'partido' son términos que comparten una misma raíz, resulta utópico esperar que un político vaya a mostrar equidistancia a la hora de elegir entre un proyecto o una persona cercana al suyo, y uno diametralmente opuesto. Claro que, por ese mismo motivo, sí que me parece exigible que los políticos no nos mientan tratando de aparentar lo que no son. Aunque suene cínico, entre contratar a dedo como personal de confianza a un amiguete y montar un concurso de méritos aparentemente objetivo, pero hecho en realidad a su medida, me quedo con lo primero: la arbitrariedad es del mismo calibre, pero al menos no me toman por idiota.

El sectarismo, por su parte, me parece más difícil de justificar. El fanatismo en la defensa de la propia ideología, unido a la genérica descalificación de la del adversario, y traducidos a menudo en exclusiones, vetos y 'cinturones sanitarios' son de todo punto incompatibles con el respeto y el diálogo que exige una sociedad democrática. Pero me parecen incluso más graves cuando tratan de camuflarse bajo un falso manto de genuina preocupación por el pueblo. El sectarismo de quienes dicen «ahora mando yo porque tengo la mayoría» me parece rechazable, pero menos que el de quienes se jactan de que «ahora, por fin, manda el pueblo» al tiempo que excluyen y anatematizan a la mitad de ese mismo pueblo: de nuevo, el sectarismo es del mismo calibre, pero al menos no me toman por idiota.

La prevaricación, en cambio, se halla en una dimensión enteramente diferente. Dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas e ilegales no es una estrategia política más o menos criticable, sino un delito; y no de los menores. Un comportamiento que viola las leyes, vulnera los derechos y a menudo dilapida los caudales públicos, y que no puede ser justificado por unas determinadas preferencias ideológicas o unos compromisos programáticos previos, porque en un Estado de Derecho la discrecionalidad de los gobernantes tiene el límite que marcan la Ley y los derechos de los ciudadanos.

Yo no se si cuando el Consell se lía a repartir subvenciones para el fomento del valenciano y una parte bien sustanciosa de ellas acaba en manos de medios de comunicación catalanes sin audiencia en la Comunidad; o cuando la Diputación tarda cuatro meses en responder a la solicitud de Lo Rat Penat de hacer uso de un teatro, y lo hace a los dos días de cambiar la norma que le permite negarse a ello; o cuando el Ayuntamiento de Valencia deja sin espacio en Expojove a esta misma entidad después de 25 años de presencia ininterrumpida en ella hacen gala de parcialidad, de sectarismo o de prevaricación. Pero más vale que ellos lo tengan claro, porque la diferencia puede ser muy dolorosa para quien haya estampado su firma en los papeles.

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