LA OLVIDADA REIVINDICACIÓN LABORAL

Quizás sea el sino de toda administración educativa, pues su papel competencial es de empleador y gestor: el descontento del profesorado. Aquella ilusión por el cambio, alimentada en buena medida por los retrocesos presupuestarios que sobre la escuela recayeron, ya da visos de desilusión. Y algún que otro cabreo. En este terreno, sin financiación es difícil concretar promesas, y se termina donde, por otro lado, está cualquier administración educativa. Ya digo, su sino es el descontento de su personal.

En nuestra Comunitat, dos factores principales provocan este cambio, digamos, de humor. Una gestión centralizada -y lenta- que ha deteriorado la negociación colectiva y la sensación de que las cosas de los docentes han pasado a la cola de las prioridades del cambio anunciado. Esa sensación, por cierto, también parece extenderse en el ámbito universitario.

Es sintomática la campaña que inicia el sindicato STEPV con el lema 'Ara ja toca' que lo que pretende es recuperar aquellas condiciones laborales previas a la crisis. De las retribuciones, pero no sólo. La reducción de ratio no sigue el ritmo deseado por el ámbito sindical, y nada se dice de la reducción de la carga lectiva del profesorado de Secundaria. Sobre su idoneidad se podría hablar, pero el hecho se vive como un recorte laboral que se mantiene por la actual Conselleria. Y que no figura en la agenda, por ahora. Al igual que se ha aplazado la negociación de plantillas, el documento que estructura el personal definitivo de cada centro educativo, mientras se lleva a cabo la inyección laboral a través de los programas PAM y demás similar al que el PP llevó con los contratos-programa. El profesorado contempla que las cuestiones laborales tampoco son prioridad.

La otra causa, la gestión, ha burocratizado tanto la labor docente que sin reducción de la carga lectiva se traduce en un incremento de la carga laboral. Pienso que cuanto antes debería constituirse una mesa de trabajo bien provista de tijeras para recortar las tareas burocráticas del profesorado. A esto se suma la lentitud -alimentada esta vez por las cuitas judiciales- que hace que a estas alturas de julio los centros aún sigan pendientes del diario oficial. La mesa sectorial ha quedado reducida a la mínima actividad.

También en el terreno laboral se ha incrementado la judicialización como está ocurriendo en otras cuestiones de la política educativa. No es sólo el decreto del plurilingüismo. Recientemente, los sindicatos también han acudido a los tribunales para recurrir la nueva gestión de las adjudicaciones de interinos y los horarios de las escuelas oficiales de idiomas.

A la par se suceden algunos conflictos con colectivos específicos. Ya se ha visto con la demanda generalizada para la vuelta de la filosofía a la rama común que por este curso no será atendida. Además, el problemón para cientos de interinos sin capacitación lingüística que pueden quedar fuera de la escuela para el próximo curso escolar; directamente, perder su trabajo como ha llegado a denunciar UGT. Y en ciernes el conflicto laboral con los inspectores de Educación.

El tema de los inspectores, a pesar de su escaso número, es especialmente sensible para una Administración educativa. Quizás por eso la Conselleria haya sacado adelante un decreto que pretende eliminar la actual bolsa de empleo y crear una nueva. Es también una política recurrente de toda administración educativa: nombrar a sus propios inspectores y renegar de los anteriores.

En lo que llevamos de legislatura, pasado el ecuador, la reivindicación laboral docente ha estado fuera de la agenda política y mediática. Aquella ilusión por el cambio y una recuperación económica ajena a la mejora de las condiciones laborales ha suavizado los conflictos latentes o nuevos que el sector ha podido generar. Pero el primer trimestre del curso será clave con la negociación del próximo presupuesto, más porque será cuando arranque la larga campaña de las elecciones sindicales de finales de 2018, antes que las políticas. Para entonces, los sindicatos que arroparon el cambio de gobierno no se pueden permitir que la legislatura, en materia de condiciones laborales, sea baldía, ni que aquellos recortes que tanto denunciaron anteriormente se mantengan. Y estoy seguro que los sindicatos docentes no se van a conformar. Es el sino de cualquier administración, y estos dos años de calma no pueden engañarnos.

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