Es necesario invertir en infraestructuras tras una década de recesión

MANUEL MIÑÉS MUÑOZDirector Gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana

Numerosos informes inciden en recuperar la inversión. AT Kearney, en su documento 'Áreas prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España'; Christine Lagarde, presidenta del FMI, considera que es el «momento adecuado» para impulsar la inversión pública en Infraestructuras; José Angel Gurría, secretario general de la OCDE, pide más inversión pública en infraestructuras aun a riesgo de incumplir el déficit, o que si son inversiones prioritarias no contabilicen; Mario Draghi, presidente del BCE, reclama para la Eurozona una política fiscal expansiva y reformas que eleven la inversión... Ante ello, la líder mundial en asesoría de inversiones en infraestructuras estatales, CG/LA Infrastructure Inc. (Washington), en su último informe 'Top 100 Global' sobre proyectos estratégicos en ejecución por importe de 558.800 millones de dólares referidos a 70 países, denuncia cómo España, decimosexta economía del mundo, figura en el puesto 58, con sólo 370 millones de dólares USA entre proyectos planificados, en diseño y con estudios de viabilidad.

El ratio inversor en España en el periodo 2016-17 será el menor de la UE-28 con 1.179 euros por habitante, por 4.588 en Reino Unido, 2.379 en Alemania, 2.128 en Italia o 1.906 en Francia.

Frente a esta triste realidad, constatamos que durante la próxima década deberíamos invertir de forma sostenida unos 35.000 millones de euros anuales, y que SEOPAN para el quinquenio 2017-2021 cifra en 100.000 millones (70.344 en transporte; 14.900 en movilidad urbana; 12.014 en agua y 6.522 en medio ambiente ) y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), con la aportación de las sectoriales y la Cámara de Contratistas, valora para la próxima década en la Comunitat Valenciana en unos 21.500 millones de euros de inversión.

Ante estas necesidades nos topamos con unas exigencias de la UE de reducción del déficit y deuda pública. Al pasar el déficit del 4'6% (2016) al 1'3% (2019) y la deuda del 99'4% (2016) al 95'4% (2019), «disminuyen en 33.000 y 40.000 millones de euros respectivamente» nuestra capacidad de inversión pública al límite del 1'8% del PIB, necesitando la Comunitat más del 85% de nuestro presupuesto para sanidad, educación y prestaciones sociales (jubilación, desempleo, inserción, discapacidad, dependencia...) y el pago de intereses de nuestros 48.279 millones de euros de deuda.

A fuer de incumplir el Pacte del Botánic que se juramentaba para impulsar las reversiones y -obviando eficacia, eficiencia y rentabilidad en el uso de los recursos públicos- primar la gestión pública ante la privada. El entramado ideológico de exclusiva financiación presupuestaria será incapaz recuperar los necesarios niveles de inversión, de ahí que, desde el sector empresarial y desde la Cámara de Contratistas, apostemos decididamente por el modelo concesional de infraestructuras públicas, que permite reducir al mínimo el impacto de inversiones en el déficit público, difiere y reparte a largo plazo el canon anual de prestación del servicio público... y todo ello con la mayor transparencia.

El liderazgo mundial de nuestras empresas constructoras-concesionarias, con 257.500 millones de dólares USA invertidos, nos permite extraer lecciones de las mejores prácticas internacionales, a la vez que detectar las carencias y fracasos del actual modelo español vigente y corregir sus ineficacias... Todo ello ya estará recogido en el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras avanzado el 14 de julio por el Presidente Rajoy y el ministro de Fomento, diferido el pago de las infraestructuras y su mantenimiento al 2051.

Por todo ello hemos de implantar, sí o sí, nuestro modelo APPs (Asociación Público-Privada) trasladando sus actuales ineficiencias a nuestro ordenamiento jurídico y marco competencial, que motive a movilizar los fondos internacionales para financiar proyectos como Jessica, Project Bond Iniciative 2020; FEJE/EFSI, fondos BEI, etcétera, incidiendo en los siguientes puntos de mejora:

a) Maduración de los proyectos antes de su licitación, primando criterios de rentabilidad socioeconómica sobre intereses político-electorales.

b) Plazo adecuado y suficiente para preparación de ofertas y mejoras de proyecto.

c) Asignación eficiente de riesgos. Límite del riesgo del cierre financiero. Ante todo, más seguridad jurídica.

d) Racionalización en la valoración de ofertas y diálogo competitivo.

e) Reequilibrio del contrato por modificaciones del proyecto requeridas por la Administración.

f) Casos tasados y previsibles de reequilibrio, aplicando la normativa contable europea SEC-2010.

g) Mecanismos ágiles de resolución de disputas en caso de resolución.

h) Oficina Nacional de Evaluación (ONE) que analice obligatoriamente la viabilidad financiera de los proyectos, la adecuada transferencia de riesgos y los mecanismos de compensación.

ONE, que en la Comunitad Valenciana estará asumida por el IVF, deberá ser autónoma, transparente y contar con la participación del sector privado. Inversiones que conducirán a mejorar nuestra competitividad (turismo, logística y exportaciones); mejorar el bienestar social (disminuir siniestralidad, reducir emisiones de CO2, potenciar la movilidad ciudadana); vertebrar el territorio y la movilidad... Actuando como motor del crecimiento, creación de empleo y riqueza compartida entre los agentes sociales (trabajo, capital innovación y riesgo), las APPs, complementando los exiguos recursos presupuestarios, nos permitirán salir de la crisis.

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