Una máquina de crear conflictos

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Que en esta Comunidad no existe conflicto lingüístico es algo que saben de sobras los millones de valencianos que cada mañana entran en la panadería pidiendo «una barra de cuarto y una chocolatina», y salen por la puerta llevándose de propina un «que tingues un bon dia, reina!». Para los que dominan tanto el castellano como el valenciano, y los usan indistintamente; para los que hablan solo uno de esos idiomas, pero entienden el otro y respetan a quienes lo usan; para los que viven en zonas exclusivamente castellanoparlantes pero asumen que la Comunidad Valenciana es en su conjunto bilingüe; y hasta para los que viniendo de lejos, hacen un esfuerzo para integrarse en nuestra sociedad aprendiendo su lengua vernácula. El Consell, en cambio, parece no verlo de este modo, y sobre la bien discutible afirmación de que en la Comunidad Valenciana «muy a menudo la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística», y la manifiesta falsedad de que entre nosotros menudeen «muestras de hostilidad o de discriminación grave hacia las personas que se expresan en valenciano», ha decidido regalarnos otro más a sumar a su ya larga lista de órganos perfectamente prescindibles, generosamente presupuestados, y potencialmente conflictivos, la 'Oficina de Derechos Lingüísticos'.

Y es que, en efecto, la ODL nace con todos los pronunciamientos favorables para acabar convirtiéndose en una bien engrasada máquina de crear conflictos. De entrada, el hecho de que su creación se sostenga sobre la falsedad de que hay «personas que sufren un agravio por usar su lengua» se traducirá de manera necesaria en la manipulación, la magnificación y la explotación de cualquier conflicto que en el futuro pudiera surgir -o, ya puestos, en la misma invención de éstos- imprescindible para justificar su mera existencia y engordar sus presupuestos.

Adicionalmente, el hecho de que su creación tenga por objeto exclusivo y excluyente la protección de los valencianoparlantes, ignorando por entero la de los castellanoparlantes, tan susceptibles de ser agraviados en sus derechos lingüísticos como los primeros, sienta la base de una inaceptable discriminación por razón de lengua de consecuencias jurídicas perfectamente previsibles.

Pero, sobre todo, el hecho de que sus competencias le permitan entrar a dirimir conflictos entre particulares, resulta potencialmente lesivo para los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los cuales se halla naturalmente el de elegir la lengua en la que desean comunicarse con su entorno.

¿Estamos pues ante una «policía lingüística», como algunos han dicho ya? Yo diría que estamos más bien ante una oficina de delaciones civiles, ante un instrumento de adoctrinamiento ideológico y ante una nueva agencia de colocación de Compromís. Que cada uno juzgue si no es mucho peor.

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