Llamada al Parlament

Se abre un margen de maniobra. No se han proclamado los resultados oficiales del 1-O, de manera que no se dan las condiciones para declarar la independencia

XAVIER ARBOS CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONALDE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Viernes, 6 octubre 2017, 11:44

La reprobable violencia policial que se empleó para impedir el referéndum tardará en olvidarse. Estamos todavía bajo el influjo del testimonio de sus víctimas, y de imágenes que parecen aberrantes como son las de policías retirando urnas. Nos encontramos en vísperas de una declaración unilateral de independencia basada en el resultado de un referéndum unilateral sin garantías. En estas condiciones, el ejercicio que sigue es de un formalismo que roza el ridículo. Asumo el riesgo de caer en él, por si sirve para frenar la inercia que nos lleva hacia un desastre político aún mayor. Por intentarlo, que no quede.

Todo empieza a descarrilar cuando la mayoría del Parlament se salta unilateralmente la Constitución, el Estatuto y las advertencias de sus letrados. El proceso secesionista se dota de dos leyes, la Ley del referéndum de autodeterminación (LRA) y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Me permito recordar algo de lo que dicen, por si a estas alturas alguien cree que deben cumplirse.

Como se sabe, el pasado 22 de septiembre dimitieron todos los miembros de la Sindicatura electoral, bajo la amenaza de fuertes multas. Eso significa que la última fase de la campaña se desarrolló sin la garantía que se supone que debía aportar a la misma (art. 17.2 LRA). Y a eso hay que añadir un detalle que ha pasado inadvertido. El BOE del pasado día 27 publicaba la providencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se daba cuenta de la renuncia de los miembros de la Sindicatura electoral, y se hacía referencia al escrito en el que manifestaban su renuncia. En este documento, según cita entre comillas el TC en su providencia, los miembros dimiten «dejando previamente sin efecto las resoluciones y acuerdos adoptados». De modo que, desde el día 22 de septiembre, la campaña se ha movido sin las garantías de la Sindicatura ni las resoluciones que previamente había adoptado. Y, aunque la dimisión de los miembros de la Sindicatura electoral se produjera bajo la presión del TC, el Parlament hubiera podido sustituirlos inmediatamente. Pero no lo hizo. Lo ha hecho, al margen de sus atribuciones, el Gobierno de la Generalitat. Porque nadie, excepto la mayoría absoluta del Parlament, puede nombrar a los miembros de la Sindicatura (art. 19.1). Así que los prestigiosos profesores nombrados la mañana del día 1 de octubre no están legitimados para certificar los resultados oficiales del referéndum: eso solo le corresponde a una Sindicatura debidamente designada (art. 18.13).

Los resultados del referéndum que se han dado a conocer no pueden ser considerados oficiales. A pesar de ello, ya estamos en la rampa de despegue hacia la secesión, que se concreta en la declaración unilateral de independencia (DUI). Según el art. 4.4 de LRA solamente puede producirse en estos términos: «Dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura electoral, [el Parlament] celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente».

Para quienes crean que todo es una llamada a la negociación, hay que destacar los automatismos que se producen después de la «proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura electoral». El Parlament debe hacer tres cosas según la LRA: la declaración de independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. Si la segunda es imprecisa, la tercera no: se realiza en los términos previstos por la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (LTJ). En efecto, la disposición final tercera de la LTJ dice que esta ley, que tiene en su Título VII la regulación del proceso constituyente, entrará en vigor cuando se cumpla «lo que dispone el art. 4.4 de la Ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya». Aún no se ha cumplido, porque aún no se han proclamado los resultados oficiales por quien puede hacerlo.

A la vista de todo ello, se abre un margen de maniobra antes de que la crisis que vivimos vaya a peor. No se han proclamado los resultados oficiales por quien debía hacerlo, de manera que no se dan las condiciones para declarar la independencia: eso sería incumplir la misma legalidad que contra viento y marea ha establecido la mayoría del Parlament. Mejor que se detenga aquí.

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