LÍOS JUDICIALES POR INOPERANCIA POLÍTICA

Lo paradójico de la polémica sobre el modelo lingüístico escolar es que una propuesta impositiva, incluso en la línea catalana en un modelo progresivo de inmersión, hubiera tenido menos obstáculos judiciales. El desconcierto da para pensar que hay virajes jurisprudenciales, pero no es así, y las fronteras legales que en las distintas sentencias se han dado a estos temas siguen vigentes: la promoción positiva de la lengua autonómica cabe desde la proporcionalidad y la presencia del castellano.

Fue el afán del mestizaje -y el sentido común y político de no forzar imposiciones en materia social tan sensible e identitaria- lo que construyó un modelo lingüístico con evidente debilidad jurídica que es lo que comienzan a reconocer los tribunales. Para que fuera efectiva la progresividad de un modelo lingüístico jerárquico debía introducirse un elemento de persuasión, un caramelo que animase a subir de nivel, que es esa disposición adicional quinta que ahora el TSJ tumba.

He citado bien el mestizaje porque estos reveses judiciales, además, debilitan esa barrera mediática y opinativa que circunscribe el asunto del valenciano a iniciativas de los nacionalistas y, en concreto, da la responsabilidad exclusiva del plurilingüismo al conseller Marzà. Aunque el desarrollo del decreto se regula desde Política Educativa, también en órbita Compromís, el papel protagonista asumido desde la secretaría autonómica en su defensa técnica ha llevado al tribunal a señalar a Miguel Soler como responsable de la aplicación de sus autos. Así, la reivindicación socialista de su papel moderador en la elaboración del decreto juega ahora en su contra, golpea su aura de expertos técnicos y da fuerza a los sectores decepcionados por un decreto que no apostó por la imposición lingüística por la fuerza parlamentaria.

Tras estas derrotas en las batallas judiciales, el Consell ha optado por el enrrocamiento político. Es de manual defenderse desde la inevitabilidad, había que hacerlo, y desde la deslegitimación del adversario, van en contra del valenciano. Es el argumentarlo que esconden las últimas declaraciones. La vicepresidenta Oltra señala que el decreto de 2012, al que ahora se vuelve, había fracasado, lo que connota la obligatoriedad de hacer otro, lo cual no es indubitativamente cierto. El plurilingüismo del PP es de 2012, ni siquiera implantado por completo, por lo que es una exageración, y por supuesto inexacto, darlo por fracasado con tanta premura. Su cambio es una legítima voluntad política, pero no una obligación técnica avalada por unas evaluaciones irrefutables, pues éstas son inexistentes y/o, desconocidas. De hecho, lo tumbado por el tribunal no es ninguna disposición pedagógica, sino una decisión política sobre las acreditaciones.

El segundo argumento es el que se esconde tras las declaraciones del presidente Enric Morera de que se pretende atacar al valenciano, de tal forma que dudar, criticar o recurrir las concreciones del decreto es ser un enemigo de la lengua. Será útil en la contienda política, pero este argumento no se sostiene por la rigidez de la propia defensa de la redacción de este decreto que, con estas sentencias, va a tener que ser cambiada, y cuya nueva redacción de nuevo será defendida como la más óptima. Por tanto, si el texto no es dogma sólo queda la apropiación política de la lengua -"yo soy el valenciano"- lo que ni cabe en el diversidad democrática ni en el respeto del valenciano como riqueza y patrimonio de todos.

A mi me sorprende que los políticos se enfaden y logren, exijan, adhesiones ciudadanas, cuando deberíamos ser los votantes los escandalizados por su inoperancia. Lo que sucede tiene la raíz en su incapacidad de parlamento o en su no voluntad de diálogo, o en sus modos de actuar como un equipo deportivo que van jugando cada partido con el único objetivo de ganar el campeonato electoral. Cabe un campo extenso de debate para construir un plurilingüismo consensuado, cuyas lindes legales sean la promoción positiva del valenciano, la presencia equilibrada del castellano y una progresividad que atienda la realidad sociolingüística del territorio. Y donde la disparidad a resolver sea el peso de la elección familiar o un modelo de línea única. Si esto no se alcanza, los 99 responsables tienen nombre y apellidos. Escandaliza con qué facilidad excluyen la elección de las familias, cuando las suyas nos llevan a estos líos.

Fotos

Vídeos