La Justicia es para todos

EDITORIAL

Marzà se equivoca si piensa que puede burlar o dilatar las resoluciones judiciales, comoha venido a recordarle el TSJ

LAS PROVINCIAS

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha venido a recordar a la Consellería de Educación y especialmente a su titular, el dirigente nacionalista Vicent Marzà, que las resoluciones judiciales se dictan para cumplirse, no son meras recomendaciones de organismos consultivos, y desde luego no cabe la posibilidad de tratar de sortearlas con argucias ni con maniobras dilatorias. El recordatorio podría parecer obvio si no fuera porque Marzà se ha esforzado en proclamar en diversos foros que a pesar de los autos del tribunal que suspenden la aplicación del llamado decreto de plurilingüismo, todo sigue igual, nada cambia, y los colegios van a poder seguir adelante con la aplicación de un modelo que para primar la enseñanza en valenciano discrimina a los alumnos que opten por el castellano. El ultimátum del TSJ concede un plazo de cinco días a la consellería para aclarar qué medidas ha tomado de cara a hacer efectiva la suspensión del decreto, al tiempo que especifica el nombre del alto cargo que se hace responsable de la ejecución del auto judicial. Nada de todo esto hubiera sido necesario si cuando se conoció la resolución, el departamento de Marzà hubiera obrado en consecuencia, lo que suponía aclarar a todos los sectores implicados que el nuevo modelo no podía entrar en vigor en el curso 2017-18. Pero en lugar de hacer lo lógico, de cumplir estrictamente con la resolución, el político de Compromís optó por intentar burlar la acción de la Justicia creyéndose tal vez que por ser conseller posee un estatus especial que le evita tener que ejecutar lo que le ordena un juez. Sin embargo, la Justicia es, debe serlo, igual para todos, ciudadanos y políticos, empresas y Administraciones públicas. El caos que Marzà ha provocado en los colegios con su polémico decreto no es culpa del TSJ, que se limita a hacer cumplir la legalidad vigente, sino de una gestión política marcada por un descarado tinte ideológico y que ha situado como objetivo preferente una inmersión lingüística encubierta que choca frontalmente con la igualdad de las dos lenguas de la Comunitat, el castellano y el valenciano.

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