CONTRA LOS JUECES

Resulta por todo ello muy sintomático que al calor de la polémica desatada a raíz de la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra se haya abierto una brecha por la que se intenta derribar el último baluarte frente el poder absoluto al que todos los políticos aspiran: el de la Justicia. Aprovechando la corriente de indignación que recorre las calles españolas, el sindicato nacionalista de enseñanza, el STEPV, ha cargado contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contrarias al decreto de plurilingüismo del conseller Marzà, tan nacionalista o más que el sindicato, y las ha calificado de «sentencias políticas». La línea argumental de esta crítica no es que recuerde a la que el soberanismo catalán viene empleando contra la actuación del magistrado Llarena, es que es calcada. Cuando las sentencias no son favorables a los gobernantes, su reacción inmediata es la de acusar a los jueces de tomar partido político. A nadie se le puede escapar que esta forma de plantear la cuestión es extremadamente peligrosa, porque entre los que invocan el derecho a la libertad de expresión para enjuiciar la labor del juzgador -lo cual es perfectamente legítimo- aparecen escondidos y hábilmente colocados quienes tratan de socavar los cimientos del Estado de derecho colocando a los jueces en el punto de mira, desacreditándolos ante los ciudadanos. Un paso más, pero decisivo, en el desmantelamiento del «régimen del 78», porque los jueces son la última trinchera de defensa del sistema, una fortaleza que hay que tomar para el día en que por fin se produzca el ansiado asalto al poder. Pero lo que nadie se podía esperar es que la ofensiva antijudicial encontrara un inesperado aliado en el mismísimo ministro de Justicia, con su demostración de irresponsabilidad y de incapacidad. Lo cual nos da idea de cómo está el Gobierno y de cómo está el PP.