La inversión pública, la gran castigada

La inversión es una de las partidas de los PGE-2018 que más crece. Las inversiones reales de los Presupuestos consolidados, que incluyen tanto el Presupuesto del Estado como las Empresas dependientes de la Administración Central, crecerán un 14'8% una vez se aprueben las Cuentas Públicas por parte del Senado en las próximas semanas. Incluso si fuesen 'cosméticamente modificados'... nunca lo serían 'adelgazando el peso de la Administración'.

Las inversiones consolidadas reales pasarán de 6.650 millones de euros en 2017 a 7.636 millones en 2018, una subida del 14'8% sería una buena noticia, si por lo que queda de año, fuéramos capaces de invertirlos. Situación harto difícil, yo diría que imposible, con un nuevo Gobierno que tardará semanas, quizá meses, en dominar la situación y ponerse manos a la obra.

En términos relativos crecen más que los gastos de personal, que, tras las medidas de incremento salarial para los funcionarios, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, etc.... se elevarán un 2%, o, los gastos corrientes que aumentarán un 4'6%.

Para de verdad conocer el problema inversor que padecemos, hay que retrotraernos al año 2008 en donde destinamos a Infraestructuras 15.083 millones y ahora en 2018 -diez años más tarde- prevemos gastar 5.392 millones (disminuimos un -64'25%).

Otro dato preocupante, es que en España seguimos destinando en 2018 a Gastos corrientes 8.165 millones, para la burocracia administrativa del día a día... como se ve mucho más que a inversiones.

En el año 2008, para atender a la burocracia administrativa del Sector Público destinábamos 8.372 millones. En resumen, mientras el gasto corriente apenas ha disminuido -2'47%. En una década, equivalente a 207 millones, la inversión en Infraestructuras en el mismo periodo, ha disminuido un -64'25%, equivalente a 9.961 millones de euros.

Aunque la inversión, aparentemente ha sido concebida como algo ajeno a nuestra vida cotidiana -y así «se ha ido vendiendo por la clase política a la ciudadanía»-, ello no es cierto. Tiene un efecto e impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, implica una reducción de costes externos del transporte de personas y mercancías, ayuda a la movilidad, a reducir los accidentes en carretera; reduce la congestión en la movilidad urbana, los interminables atascos en las Áreas metropolitanas; ayuda a reducir las emisiones contaminantes... etc.

Eludir nuestro compromiso en la Inversión Pública no es una alternativa responsable, ya que nuestro país, siguiendo este camino -equivocadamente emprendido-, está perdiendo competitividad en exportaciones y/o turismo e impulso económico, creación de empleo, retorno fiscal e incentivos para nuestra industria, comercio y servicios.

Para solucionar este déficit continuado en Infraestructuras (las infraestructuras españolas en salud reciben un 30% menos que la media de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia; la de educación, un 71% menos; las de medio ambiente un 62% inferior y las de transporte un 54% -las cifras no engañan-) los empresarios necesitamos un Pacto Nacional de Infraestructuras entre las principales fuerzas políticas que fije prioridades de inversión, defina un modelo de financiación sostenible, eficiente y solidario, que a su vez resuelva la desigualdad territorial entre regiones y fomente la competencia entre nuestros modos de transporte terrestre (ferrocarril, carretera y sus correspondiente nodos logísticos).

No quiero olvidarme de la reforma de la Administración, un mal endémico, que, si bien los sucesivos gobiernos han señalado entre sus prioridades, evitando duplicidades, y hasta cuádruples administraciones, y aumentando su eficacia... Cuando el aspirante (oposición) se convierte en Gobernante, la voluntad flojea o prima el clientelismo y el tener a su disposición la fabulosa maquinaria de tres millones de funcionarios públicos a su servicio.

Según datos recientes de la consultora NC Report, resulta esclarecedor que ocho de cada diez consultados (el 81%) aseguran que el exceso de burocracia en nuestra Administración, en pleno siglo XXI, lastra a lo público. Dirigen sus críticas a los políticos, y no a los empleados públicos de los que hasta un 49'5% cree que están bien formados y otro 46'6% de los encuestados afirman que son una cifra excesiva, que además suponen un mayor gasto, que los del conjunto de nuestros socios comunitarios.

Finalmente, nada mejor que conocer cifras para acudir en auxilio de la Inversión Pública, dada nuestra situación financiera presupuestaria accediendo a los sistemas concesionales. El gasto público en educación alcanzó los 46.682 millones de euros en 2017, con un crecimiento real del 29% desde el año 2000. En salud se ha elevado un 53% en los últimos 17 años (entre 2000 y 2017), hasta los 70.023 millones de euros. Y en protección social alcanzó los 192.562 millones de euros, un récord histórico desde el inicio del siglo, ya que ha aumentado un 70%. Pero se ha reducido un 64% entre 2008 y 2018 el gasto público destinado a esta partida se ha reducido en 6,7 puntos porcentuales del PIB.

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