OTRO INTENTO DE PACTO QUE SE DESVANECE

Si escuchan otra vez a algún político o política que le habla de la necesidad de un pacto de Estado por la Educación, tírenle algún tomate o, al menos, péguenle un silbido, algún abucheo, etcétera. No me lean literal, por supuesto. Ya me entienden. Si de nuevo oyen la importancia del consenso en los grandes temas -y la Educación, dirán, cómo no, lo es- dense la vuelta y no le escuchen más. Si algún responsable educativo, gobernante, representante parlamentario y demás le insisten en los lugares comunes del pacto y del acuerdo, del consenso y el sentido de Estado, le engaña. Al menos, hasta la fecha, y en el ámbito educativo, no han demostrado otra cosa. Hace unos días, Pedro Sánchez sacó al PSOE de la negociación del pacto educativo. Después se fue Podemos. Y así seguimos.

El PSOE exigió al PP una inversión en Educación del 5% del PIB. El Gobierno, por su parte, compromete un incremento de 5.000 millones de euros. Según las estadísticas del Banco Mundial, España nunca ha alcanzado ese porcentaje del PIB destinado a Educación. Su máximo histórico fue de 4,86% en 2011. De hecho, tampoco parece nada heroica la petición de Pedro Sánchez, pues son numerosas las entidades de la escuela pública que demandan elevar esta inversión al 7% del PIB. Por tanto, en el marco dialéctico de las demandas sociales, el pactismo penaría a los socialistas, por blandos. Por conformistas, por acomodaticios.

Entiéndase pues que no es lo concreto, el debate sobre si 5.000 millones más son suficientes o no, lo que hay que echar en cara a nuestros responsables políticos. De hecho, es aquí donde el ciudadano de a pie necesita de sus colores, de la referencia de su partido preferente, para analizar la cuestión. Qué sabremos nosotros de las necesidades de financiación de nuestra escuela más allá de la versión intuitiva y cómoda de que si se invierte más dinero será mejor. O no. De hecho, la respuesta correcta siempre es depende.

En esto de los pactos, los más ingenuos son los que los promueven, que se convierten en intrépidos para su partido pues siempre cruzan líneas que éste no ve bien cruzar. En cambio, la oposición siempre negocia con freno, se hace propietaria de un tesoro que intuye desea su adversario. Ahí es donde se tuerce, pues hay que reconocer que conceder (sí, muchos usarían este verbo) un pacto de Estado estando en la oposición queda de blandengue.

Hasta que la opinión pública valore más el pactismo que el frentismo, no habrá nada que hacer. Que el mayor aplauso lo concite una 'Grosse Koalition' educativa donde la cesión se vea como grandeza y el frentismo se orille marginal.

¿Imposible? Claro, así lo vemos. Así pasó con la propuesta de Ángel Gabilondo y así es el vaticinio de la iniciativa de Méndez de Vigo. Más con el obstáculo añadido del centro derecha, empujada en ocasiones a una forastería en la escuela pública movilizada impropia de una escuela plural.

Quizás lo mismo se podría decir de la llamada ley de plurilingüismo que hubiera permitido cerrar las viejas heridas de nuestra realidad lingüística. No obstante, ni creo que la voluntad y empeño de sus impulsores fueran tan propensos a alcanzar el consenso, ni el procedimiento sea equivalente. Los consensos políticos no son unanimidades ideológicas. La ley nació para blanquear -y rectificar- un decreto bajo sospecha.

No se entienda únicamente una crítica centrada en el dirigente socialista por abandonar de esta manera el pacto educativo, que también. Se eleva a la clase que nos representa, incapaz, o así lo demuestra, de atender una demanda social simple, por compleja que sea alcanzarla, que es la voluntad de consensuar el futuro educativo en España. En este sentido, les concedemos escapatoria si entramos a debatir sus argumentos pues es la aceptación tácita de su incapacidad por atender nuestro deseo.

Es más, sólo el consenso político previo, a mi juicio, exigirá la voluntad de pacto expresada por los agentes escolares cuando éstos hagan mohines a lo firmado.

Ante esta recurrente realidad de que siempre hay alguien que se levanta de la mesa, habrá que preguntarse si realmente es necesario empecinarnos en un pacto de Estado. Vista la vida media de las leyes educativas y las deslealtades competenciales, sí es pertinente un consenso común.

La falta de un pacto educativo es culpa, así de fácil, de aquellos que pueden firmarlo. El resto de argumentos es echar la culpa a los demás.

Fotos

Vídeos