La hora de las comunidades autónomas

La hora de las comunidades autónomas

Se han adaptado mejor al nuevo sistema multipartidista y están en mejores condiciones que el Estado para abordar los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad

El pasado miércoles, 14 de marzo, se desarrolló en el Palacio del Senado el VII Foro de las Autonomías. Es una reunión de políticos, altos funcionarios y profesores en la que se debate sobre la evolución y desarrollo del Estado autonómico en el año anterior. Ofrece, en ese sentido, una visión desapasionada de nuestro modelo de organización territorial. Es evidente que dicho modelo está en crisis. La crisis territorial, que viene de lejos, se ha convertido en una auténtica crisis constitucional, una vez que las instituciones catalanas decidieron aprobar leyes para habilitar su separación de España, y el Senado, a solicitud del Gobierno, aprobó activar por primera vez el mecanismo de coerción estatal del artículo 155 de la Constitución. Pese a lo excepcional de este procedimiento, la conclusión primera es que hemos asistido a una intervención administrativa, más que a una coerción en sentido estricto. En cualquier caso, la preocupación estriba en qué ocurrirá cuando se levante esa aplicación, pues el conflicto político se mantiene estancado y las posiciones no se han alterado: los independentistas continúan con su «proceso constituyente», si atendemos a sus declaraciones públicas; y, desde el Estado, el Gobierno no ha hecho propuesta alguna para abordar esta crisis e incluso descalifica a quienes las hacen desde otros ámbitos.

Sin embargo, el Estado autonómico tiene que mirar más allá de la crisis de Cataluña. Esta crisis nos va a acompañar durante mucho tiempo y debemos acostumbrarnos a convivir con ella mientras intentamos resolver los otros problemas no existenciales que aquejan al modelo de Estado. En este sentido, en el análisis del año pasado hemos detectado algunas señales interesantes en cuanto que nos indican la voluntad autonómica de convertirse en actores relevantes para el futuro del Estado.

El primer elemento a tener en cuenta es que las comunidades se han adaptado mejor que el Estado al nuevo sistema multipartidista. Aunque en todas ellas, salvo en Galicia, han desaparecido las mayorías absolutas, los diversos gobiernos de coalición o con acuerdo de investidura han gozado de estabilidad y están desarrollando su programa legislativo. La forma de gobierno ha evolucionado de la preeminencia de la Presidencia a la parlamentarización. Sin embargo, no está ocurriendo así en el ámbito del Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado pocas leyes y de escasa importancia. En general, son modificaciones de otras anteriores o pretenden la incorporación de normas europeas. En definitiva, no está desarrollando el programa legislativo, sino abusando del decreto-ley (21 frente a 13 leyes) para implantar distintas medidas. En este sentido, las comunidades autónomas se están adaptando mejor que el Estado al tránsito de una democracia de alternancia a una democracia de consenso, por decirlo en palabras de García Roca.

Esto puede tener importantes repercusiones en otros ámbitos. Significa que las comunidades autónomas están en mejores condiciones que el Estado para abordar los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Los ejemplos que se pueden mencionar son varios: el desarrollo del Estado social, la reforma del sistema de financiación autonómica o la reforma constitucional. En todos ellos advertimos una parálisis del Estado a la hora de plantear iniciativas que puede ser suplida, y lo está siendo de hecho, por las comunidades autónomas. Nos detenemos, por ejemplo, en la reforma constitucional. Resulta evidente que de la crisis actual no podemos salir sin cambiar nada. Sin embargo, el Estado está siendo apático. La Comisión creada por el Congreso para la evaluación del Estado autonómico languidece, sin que sea observada como el preludio de una reforma constitucional. En esta situación, algunas regiones han empezado a actuar. En la Comunidad Valenciana, el Consejo de Gobierno ha aprobado una propuesta de reforma constitucional referida a derechos, calidad democrática y, sobre todo, organización territorial. Esta propuesta tiene una doble virtualidad. Por un lado, procede de un actor que tiene la capacidad jurídica y política para provocar el debate. Si presenta una proposición de ley de reforma constitucional en el Congreso, éste se verá obligado a tramitarla. Pero, además, es fruto de un Gobierno de coalición del PSOE con Compromís y el apoyo externo de Podemos, por lo que supone implicar a nuevos partidos políticos, con lo que ello significa.

El objetivo es claro: la superación del bloqueo institucional en que se encuentra España. Si puede venir por el impulso de las comunidades autónomas, bienvenido sea. No significa, obviamente, que puedan actuar de forma unilateral. Finalmente, tendrán que ser las Cortes Generales quienes debatan y aprueben estas propuestas de reforma. Pero sirve para mostrar a las comunidades como partes preocupadas por el desarrollo del conjunto, con el avance en el proceso de integración que ello significa. Aparentemente, esto no tiene nada que ver con el conflicto catalán. Sin embargo, todo se relaciona. La imagen de unas regiones que participan activamente en los cambios que puedan producirse en el funcionamiento del Estado puede servir también a la resolución de ese conflicto.

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