Gracias a la Justicia

¿Habría sido lo políticamente correcto que el Gobierno en tiempos del golpe de Tejero no se hubiera enfrentado abiertamente a los insurrectos?

CURRI VALENZUELA

El Gobierno de Rajoy había sido timorato en el tratamiento de Carles Puigdemont. Estaba claro que le molestaba el toreo que practicaba con él y con todos los españoles el ex presidente de la Generalitat escondido en el burladero de un país, Bélgica, en el que no se le podía perseguir por los delitos que ha cometido. Pero, por otra parte, se encontraba tan dispuesto a terminar con la crisis catalana aunque fuera cediendo ante los independentistas que la semana pasada sus portavoces consideraban aceptable que el Parlament invistiera al diputado Turull en vísperas de que fuera procesado.

También el Partido Socialista se ha estado escudando en el pretexto de no provocar más de la cuenta a los independentistas catalanes. Su líder en esa comunidad, Miquel Iceta, se ofreció como solución al impasse credo por el boicot de la CUP a sus aliados no tan radicales en el pleno que debatía la investidura de Turull. Y hasta Felipe González, que dice haber sido partidario de haber aplicado el 155 hace cuatro años, cuando el plan de secesión se puso en marcha, deseó la semana pasada que Llarena no encarcelara al candidato. Otra muestra más de cómo los políticos tradicionales de los dos grandes partidos se han llegado a creer que proporcionando una de cal y otra de arena, un poco de palo y otro de zanahoria, se podía mantener a raya a los partidarios de separarse de España.

Ha tenido que ser un magistrado del Supremo, Pablo Llarena, el que ha puesto el asunto blanco sobre negro. Los informes policiales de los que disponía dejaban muy claro que no tenía otro remedio que aplicar la ley para procesar a unas personas que han dado muestras sobradas de rebelión ante la autoridad democrática. La lectura del auto por el que procesa a los cabecillas de esa rebelión debería ser de lectura obligada para todo aquel dispuesto a opinar sobre este asunto. Los hombres y mujeres a los que ese juez sin ánimo de volverse famoso ha metido en la cárcel son comparados por él con los golpistas del 23-F.

¿Habría sido lo políticamente correcto que el Gobierno en tiempos del golpe de Tejero no se hubiera enfrentado abiertamente a los insurrectos? ¿Alguien en su sano juicio habría planteado negociar una salida con ellos para acabar así con aquella parte de las Fuerzas Armadas que quería dar por finiquitada la democracia en España? Son preguntas que cualquiera que lea el auto de Llarena debe hacerse. Y, una vez respondidas, utilizar su veredicto para comparar aquellos acontecimientos con la actitud de buena parte de la clase política actual ante la secesión de los independentistas catalanes.

Menos mal que el Gobierno de Rajoy dejó en manos de los jueces la solución de ese conflicto... España es una democracia en la que todos estamos obligados a cumplir la ley. Y cuando uno se fuga de la Justicia y se le encuentra en otro país, se le detiene y se le mete en un calabozo. Es lo que hay.

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