Gobernar por gobernar

ANTONIO PAPELL

La situación actual del país es paradójica: el Gobierno de Mariano Rajoy, que se formó in extremis el 31 de octubre de 2016 gracias al voto vergonzante de un puñado de diputados socialistas, está claramente paralizado. Y, sin embargo, todo el mundo huye precipitadamente de la posibilidad de celebrar elecciones antes de tiempo.

Si se considera, como parece razonable, que gobernar es legislar, el balance de esta legislatura es paupérrimo. Durante el primer año se presentaron 151 proposiciones de ley, de las que el Congreso sólo sacó adelante dos leyes (y una de ellas fue la de Presupuestos de 2017) y tiene siete en tramitación. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado 21 decretos-ley, de manera que el Poder Ejecutivo se convierte en el origen de la mayor parte de la actividad legislativa que, como denuncian los grupos de la oposición, está «sistemáticamente bloqueada».

La razón del bloqueo es que las proposiciones de ley que se registran en el Congreso sólo llegan a ser debatidas si cuentan con el visto bueno del Gobierno, que tiene capacidad para vetar las que, en su opinión, supondrían «un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios», según dispone el artículo 134 de la Constitución.

En el actual curso político, el Gobierno ni siquiera está consiguiendo aprobar los presupuestos del ejercicio en curso, y la enemistad que se profesan entre sí las fuerzas de oposición, a su vez enfrentadas a la minoría gubernamental, imposibilita que se consigan los grandes pactos que están sobre la mesa -el educativo, el de reforma del sistema de pensiones, el de reforma del sistema de financiación autonómica, etc.-, e incluso que se mitiguen los rigores partidistas de algunas leyes excesivas que aprobó el PP en la legislatura anterior.

Lo único que justifica en este momento la existencia del Gobierno es el conflicto catalán, que ha requerido un pronunciamiento excepcional, el recurso al artículo 155. En todo lo demás, el proceso político está detenido, por lo que puede decirse que el Ejecutivo sestea y se dedica a gobernar por gobernar. Con la particularidad cuasi cómica ya indicada: que nadie quiere elecciones anticipadas.

Es inocultable que quienes se sienten cómodos en esta tesitura singular no creen en la democracia, ni piensan que la acción política trabaja, o puede trabajar, en beneficio del bienestar de los ciudadanos. Ya no rigen las utopías que fían al Estado paternal el remedio de nuestros males, pero de ahí a negar que mediante la política se puede mejorar la vida de la gente hay un abismo. Y aquí, ni siquiera somos capaces de encarar con la debida diligencia asuntos de tanta gravedad como el de las pensiones, que ya ha generado visible malestar ciudadano y una lógica reclamación de medidas por parte del cuerpo social.

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