Examen de conciencia

VICENTE L. NAVARRO DE LUJÁN

Leía yo hace unos meses el libro de Esther Tusquets titulado 'Confesiones de una vieja dama indigna' (Bruguera, 2009), en el cual la conocida editora hace un repaso entre irónico y divertido de lo que era la sociedad catalana allá por los años sesenta y setenta del pasado siglo, y a través de las páginas escritas observamos una comunidad con élites cultas, con sensibilidad muy cercana a la Europa de aquellos años y con una clase política en ciernes con pretensiones autonomistas, pero con marcado sentido común y realismo. En definitiva, la gente de mi generación veíamos en Cataluña un modelo de sociedad con una potente industria cultural, con un dinamismo social envidiable y con un talante muy próximo a la Europa que anhelábamos, acaso fuere siquiera por su cercanía geográfica al territorio europeo.

Desde aquella percepción hemos pasado atónitos a contemplar una situación en Cataluña marcada por la profunda división social que una parte de sus dirigentes políticos han sembrado, con un radicalismo político doctrinario muy ajeno a la tradición de aquellos años 60/70 a los que me refería, con espectáculos pavorosos como los que acabamos de ver en la manifestación antiterrorista (¿?) o en las últimas sesiones del Parlamento catalán, llenas de locura y sinrazón. ¿Qué ha pasado en estas cuatro décadas para que se haya producido esta metamorfosis?

Sin duda alguna, cuando trajimos la democracia a España en el año 1977 los políticos estábamos convencidos de que una de las primeras tareas era dar solución al asentamiento en el nuevo régimen a vascos y catalanes, aunque luego se unió a ello Galicia, por haber llegado a tener un proyecto estatutario de autonomía en la II República. Hasta tal punto reinaba este convencimiento que, incluso antes de que se aprobara la Constitución y estableciera la posibilidad de las autonomías, el voluntarismo político dotó a Cataluña de un régimen preautonómico (Real Decreto Ley de 29 de septiembre de 1977) y lo mismo sucedió con la creación del Consejo General Vasco (Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 1977).

En el fondo, la primera idea de los constituyentes fue la de dotar de un sistema de profunda autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia, mientras que para el resto de los territorios se preveía una descentralización política y administrativa, sin más, pretendiéndose así salvar el prurito identitario de estas tres regiones y dotarles de una singularidad que satisficiera sus ansias de ser diferentes. Pero, una vez aprobada la Constitución, el propio PSOE inició un proceso en Andalucía para equiparar a esta región a las anteriores, promoviendo un referéndum de conformidad con el artículo 151 de la Constitución para dotar a los andaluces de una autonomía equiparable a las anteriores. Desde este momento se extendió la sensación de agravio comparativo en las demás regiones españolas, hasta llegar a la fórmula del «café para todos» (expresión del ministro Clavero Arévalo), de suerte que las singularidades vasca, gallega y catalana desaparecieron. O sea, que el irredentismo seguiría vivo, y Cataluña así como el País Vasco no se conformarían con ello; querrían más. Al propio tiempo, nuestro sistema electoral funciona de tal forma que favorece políticamente a los partidos nacionalistas, a los que brinda una sobrerrepresentación parlamentaria. Efectivamente, en las elecciones de 1982 UCD obtuvo 1.425.094 votos y once escaños, mientras que CiU consiguió 772.726 votos (la mitad que el anterior) pero logró doce escaños en el Congreso. El lector puede comprobar un comportamiento similar del sistema electoral si analiza comparativamente los votos y escaños obtenidos en las elecciones generales de 1989 por IU, CDS y CiU: la desproporción entre apoyo electoral y representación parlamentaria a favor de los partidos nacionalistas es evidente.

Así las cosas, cada vez que uno de los grandes partidos nacionales (UCD, PSOE o PP) ha tenido que gobernar sin mayoría parlamentaria suficiente los nacionalismos han hecho presente su fuerza y obtenido sucesivas concesiones en formas de transferencias, provocando el progresivo vaciamiento de la presencia del Estado en esas autonomías, en razón de un grave error constitucional, radicado en el artículo 150 de nuestra norma fundamental, porque este precepto permite que competencias exclusivas del Estado (así definidas por el artículo 149 del texto constitucional) vayan siendo transferidas mediante leyes orgánicas a las autonomías más reivindicativas. Así ha sucedido con el sistema educativo, la sanidad e incluso el orden público, entre otras áreas competenciales.

Si hay tres ámbitos que deberían permanecer como competencia del Estado son precisamente la sanidad, la educación y el orden público. En el caso de la sanidad no puede entenderse que los ciudadanos españoles tengan acceso a diferentes prestaciones en función del territorio en el que vivan, porque ello atenta contra el principio de unidad de mercado, así como contra el de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

Más grave todavía es la ruptura y diseminación del sistema educativo, que provoca desigualdades profundas en la formación de los alumnos dependiendo del lugar donde habiten, a la vez que ha permitido, por ejemplo en Cataluña, que todos los ciudadanos menores de cincuenta años que han estudiado allí en centros públicos, hayan sido objeto de unos contenidos educativos profundamente contrarios a la idea de pertenencia a la común nación española, a la vez que se han visto imbuidos de unas enseñanzas en humanidades (por ejemplo, en Historia) llenas de embustes, de recreación de la realidad histórica y profundo adoctrinamiento nacionalista que hoy se refleja en el conjunto de la sociedad catalana. Cuando un Estado renuncia a dirigir el sistema educativo, está renunciando a perfilar su futuro.

Otro disparate fue la cesión del orden público a ciertas autonomías, con la aparición de cuerpos armados integrados por miles de individuos, cuyo comportamiento en una situación de crisis entre Estado y autonomía está por ver, y por desgracia lo comprobaremos en Cataluña próximamente.

De aquellos polvos hemos traído estos lodos, y por eso nos hallamos ante la mayor crisis institucional de nuestra historia democrática.

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