El Estado en Cataluña

ANTONIO PAPELL

Parece evidente que la deriva del nacionalismo hacia el independentismo es un fenómeno complejo, que ha fluido auxiliado por buen número de causas. La corrupción ha sido una de ellas, quizá la más detestable porque los corruptos han lanzado el mensaje de que quien pretendiera poner coto a sus desmanes era en realidad un enemigo de Cataluña. Pero la principal ha sido el reflujo progresivo del Estado, en parte porque la Generalitat planteó la relación con España en términos comerciales (que hubieran debido resultar inadmisibles), y en parte porque el Estado de las autonomías, que establece un confuso proceso de descentralización, no funciona si no existe lealtad recíproca entre los niveles territoriales.

Los Estados federales distribuyen internamente las competencias, y el ente federal se reserva para sí los criterios de homogeneidad y la cohesión. No hay inconveniente en que cada comunidad autónoma gestione un modelo sanitario propio, según su tradición y experiencia pero parece lógico que haya pautas cuantitativas y cualitativas comunes que garanticen la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los servicios prestados. El desempeño de las competencias transferidas no interfiere con la obligación del Estado de mostrarse a la hora de gestionar las no transferidas. Y sin embargo, el Estado no se ha dejado ver como actor en Cataluña, y sus desarrollos -la construcción y la gestión de las grandes obras públicas, por ejemplo- se han teledirigido desde fuera, como si Cataluña no participase directamente de la planificación estatal y hubiera de valerse de una relación bilateral.

La carencia política, tan evidente, se ha sustentado en un vacío social e intelectual. No se ha sabido impulsar la presencia activa del Estado, pero tampoco la sociedad civil ha tendido puentes. Y, lo que es más grave, no se ha aprendido la lección, según todos los indicios. Porque la situación actual necesita iniciativas que abran nuevos horizontes. Los partidos no nacionalistas deberían hacer acto de presencia, sobre todo cuando es patente que el nacionalismo está dividido y que podrían introducirse inteligentemente cuñas entre quienes han entendido ya las limitaciones del 'proceso' y aquellos otros que aún persisten en su loca tentativa revolucionaria. Si ERC no está dispuesta a proseguir la senda de la ilegalidad, ¿por qué no está recibiendo ofertas de las formaciones constitucionalistas?

El 'tripartito' fue una mala experiencia, pero mucho más por la forma en que fue gestionado que por el concepto en sí. Y aunque las circunstancias son hoy muy distintas, no se debe perder de vista que la solución del conflicto catalán, a medio y largo plazo, pasa por la superación del binomio elemental nacionalistas-españolistas, que sin duda complacería a la mayoría social de quienes se consideran tan catalanes como españoles.

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