La España imperfecta

JUAN CARLOS VILORIA

La publicación británica 'The Economista Intelligence', que realiza análisis y evaluaciones sobre la calidad democrática de los países, acaba de señalar a España, junto con Malta, como dos democracias cuya calidad ha empeorado durante el año 2017. Para nuestro país establece una relación directa entre ese presunto retroceso democrático y la reacción de las instituciones del Estado ante el desafío de los independentistas en Cataluña. La represión del referéndum ilegal del 1-O, la actuación judicial investigando a los sediciosos y el encarcelamiento preventivo de algunos líderes soberanistas nos ha retrasado dos puestos en el ranking de los que 'The Economist' califica como «democracias plenas». Ahora estamos en último lugar de los diecinueve que forman esa lista.

Está de moda hablar de democracias 'iliberales' como sinónimo de democracias parciales, de baja calidad o híbridas, así que el concepto no tardará en entrar en los argumentarios más críticos del mundo antisistema que cuestiona la excelencia de nuestro sistema político. Los abundantes casos de corrupción asociados a la actividad política destapados o juzgados a lo largo del 2017 han podido pesar significativamente en el criterio de los evaluadores británicos a la hora de bajar la nota a España. Pero incluir en la balanza de los desequilibrios democráticos la acción de un estado que trata de impedir la voladura de su Constitución y su propio territorio físico no tiene ningún sentido. Al contrario, hay que apreciar una democracia que otorga un espacio en el Parlamento a aquellos que no desean formar parte del país, como diría Ignatieff.

El pensador canadiense que ha reflexionado mucho sobre la dicotomía entre democracia y seguridad sostiene que las constituciones democráticas permiten cierta suspensión de los derechos durante los estados de emergencia. Es un escenario resbaladizo en cuanto que la acción ejecutiva va por delante del control político, de la transparencia y la separación de poderes. Claro que, desde una oficina de Londres, leyendo la prensa internacional y las crónicas de los corresponsales, un evaluador del grupo 'The Economist' seguro que aprecia muchos derrapes en la gestión del Estado respecto al desafío secesionista en Cataluña.

Algunos recordarán el antiguo adagio romano: «La seguridad del pueblo es la primera ley». El riesgo es que los responsables utilicen la emergencia política para saltarse los protocolos de la democracia misma. Pero esas líneas rojas aquí no se han traspasado. Lo curioso es que en España han sido precisamente los nacionalistas quienes han tachado la democracia como de «baja calidad», cuando en los territorios donde son hegemónicos tiemblan las libertades de información, expresión, educación. No hay más que leer el informe de Reporteros sin Fronteras donde afirma que los tres últimos meses han sido «los más negros» de la historia democrática para la libertad de prensa en Cataluña.

Fotos

Vídeos