Otro enfoque del Pacto de Toledo

ANTONIO PAPELL

Este pasado mes de febrero, los pensionistas se han puesto en pie de guerra. Nadie había considerado, al parecer, que la subida anual del 0,25% de la que vienen disfrutando desde hace cinco años, una estratagema del PP para poder decir que las pensiones no están congeladas, terminaría siendo considerada una afrenta por sus «beneficiarios». Y han salido a la calle, en masa, en 86 ciudades españolas, en una gran 'Marea Pensionista'. Los sindicatos y los partidos, que hace tiempo que perdieron la mayor parte de su capacidad de convocatoria en la calle, han quedado asombrados por la campanada mediática de los mayores. Porque además, acaba de inscribirse en el registro del Ministerio del Interior la Asociación de Jubilados Españoles (AJE), que podría convertirse en partido político y que ya exige que las pensiones no estén sometidas al IRPF. La movilización de este «grey power» no es baladí porque afecta nada menos que 8.698.160 personas.

Rajoy ha pedido, legítimamente, que el asunto no se dirima en la plaza pública sino que se lleve al marco del Pacto de Toledo, que se firmó precisamente en 1995 para apartar el sistema público de pensiones de la confrontación política partidista. Pero, como es imaginable, nadie le ha hecho caso. Podemos ya registró el 25 de enero una proposición de ley para elevar las pensiones un 1,6% en 2018, es, decir, la subida prevista del IPC. Y ha solicitado después un pleno monográfico al que acudan Rajoy y la ministra de ramo, Fátima Báñez, para debatir la situación. El PSOE ya ha presentado asimismo una proposición de ley para blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y derogar el 'psicodélico' 0,25% (conviene recordar que fue Rodríguez Zapatero, acuciado por la crisis y por Bruselas, quien puso fin a la indexación con el IPC mediante la ley 27/2011). Ciudadanos está manteniendo una actitud prudente pero al final no podrá quedarse al margen. Y el propio PP no ha tenido más remedio que ofrecer unas vagas ventajas fiscales a los pensionistas «mayores».

Una gran parte de la opinión pública de este país y desde luego todos los interesados directamente en el asunto, creen que: a) los pensionistas han de conservar su poder adquisitivo durante todo el tiempo de percepción de la pensión y b) no debe producirse un descenso significativo de las expectativas de los futuros jubilados. En consecuencia, la argumentación del pacto de Toledo ha de hacerse al contrario de cómo se ha planteado hasta ahora: al analizar la sostenibilidad, no ha de averiguarse qué pensiones pueden pagarse a la vista de los ingresos previstos sino qué ingresos hay que arbitrar para mantener un sistema de pensiones acorde con la exigencia de la sociedad y con la dignidad de las personas. Ya se verá si los recursos han de provenir de las cuotas, de un impuesto finalista ad hoc (como en Francia) o de los Presupuestos Generales del estado.

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