Elogio del poder judicial

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Cualquiera que por la razón que sea haya tenido que acudir a un juzgado sabe de la precariedad de medios que padece la Administración de justicia. Tanto humanos como materiales. Faltan funcionarios, en realidad faltan juzgados, y falta una actualización tecnológica para que el trabajo de los profesionales sea más ágil, más productivo, más eficaz. La digitalización está acabando con profesiones jurídicas, como los procuradores, pero todavía hoy es habitual toparse en las sedes judiciales con las clásicas montañas de legajos polvorientos apilados como buenamente se puede en el suelo o en estanterías a punto de venirse abajo ante tanto peso. La precariedad se ha podido disfrazar con modernas construcciones impulsadas por las comunidades autónomas, como la Ciudad de la Justicia de Valencia, un edificio cuya apariencia promete más de lo que en realidad ofrece en cuanto a avances que repercuten en la calidad del servicio a los ciudadanos.

Además de esta carestía de medios, la Justicia en España se enfrenta a dos grandes obstáculos. Por una parte, una imparable judicialización de la actividad política y de la gestión administrativa. Los partidos, sobre todo cuando están en la oposición, recurren numerosas actuaciones de las formaciones que gobiernan con el fin de parar en los juzgados lo que han perdido en los hemiciclos. La sombra de la corrupción que se ha extendido sobre la política nacional también ha ampliado esta práctica de recurrir por si acaso, preventivamente. El otro obstáculo tiene que ver con la hiperactividad legislativa de un Estado con un parlamento nacional y diecisiete cámaras autonómicas, que en un año producen más de medio millón de nuevas páginas entre leyes y reglamentos, un caudal inabarcable que complica más si cabe la siempre difícil labor de juzgar, además del pernicioso efecto que tiene sobre la unidad de mercado.

Con eso y con todo, con precariedad material y humana, con judicialización de la política y con hiperactividad legislativa, los jueces en España hacen bien su trabajo, siempre hablando en términos generales y con las inevitables excepciones. La Justicia es lenta porque no puede ser de otra manera mientras no se la dote de medios, pero es imparcial, es segura, es profesional y es independiente. Lo estamos viendo a diario con la actuación de un magistrado, Pablo Llarena, que a buen seguro que estará sufriendo presiones políticas, además de las mediáticas y de la intolerable y delictiva coacción que acaba de padecer por culpa de los radicales independentistas. Su trabajo está siendo ejemplar, lo refrenden o no sus colegas alemanes, no hay más que leer su último auto contra los impulsores del ‘procés’. El Estado de derecho en España está en buenas manos.

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