DIVISIÓN DE PODERES

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Los mismos que se han cansado de acusar al Gobierno de controlar la Fiscalía, de entrometerse en los asuntos de la Justicia y de tratar de impedir que los procedimientos judiciales sigan su curso reglamentario son los que ahora no piden sino que exigen a voz en grito que el Ejecutivo saque de la cárcel a los dirigentes catalanes encarcelados por, presuntamente, haber cometido unos delitos muy graves, tipificados con penas de prisión que pueden llegar hasta los 30 años de reclusión. Qué curioso, o qué trágico. Porque, además, alguno de ellos -como Pablo Iglesias- es profesor de Ciencia Política, y debería saber qué es la división de poderes, para qué sirve, cómo el Judicial puede llegar a controlar la acción del Ejecutivo para evitar el abuso de poder. Lo estamos viendo día a día, a veces con excesiva frecuencia, hasta el punto de que hemos llegado a una peligrosa judicialización de la política en la que todos los grandes asuntos acaban invariablemente en los juzgados. Pero es un recurso imprescindible en una democracia avanzada, una última carta que salva derechos y libertades amenazados, como cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana obligó al conseller Marzà a dar marcha atrás en su proyecto de decreto de plurilingüismo, el eufemismo tras el que se escondía su torpe pretensión de primar la enseñanza en valenciano perjudicando gravemente a los alumnos en castellano. Sería de ingenuos pensar que en los tribunales no hay política, que no existen las presiones, pero es muy sintomático que los partidos populistas reclamen al Gobierno la liberación de unos dirigentes encarcelados por infringir las leyes, conspirar contra la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, y por gastar dinero público -de todos los ciudadanos-para construir un proyecto de república irreal e ilegal. Ese tipo de actuaciones son posibles en regímenes que alguno de ellos tan bien conoce, como Venezuela, pero no desde luego en una democracia parlamentaria de un país miembro de la Unión Europea, cuyas normas y protocolos impiden semejante arbitrariedad. No son los únicos que no saben lo que es la división de poderes. El presidente de Les Corts Valencianes ha traspasado la línea institucional y moderadora que debe tener su cargo para ejercer como gobernante con responsabilidades de gestión sobre asuntos concretos, al gastarse 30.000 euros -también de dinero público- en una campaña institucional que sigue la misma línea de la manifestación convocada para el próximo día 18 por una financiación justa para la Comunitat Valenciana y en la que el PP no participará por considerarla «hostil» hacia el Gobierno central. Morera, como Iglesias, también se debió de perder la clase en la que se explicaba la separación de poderes.

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