El dilema de la democracia

El president y su equipo lograron algunas instantáneas fácilmente explotables en el proceso victimista que tan provechosamente han venido activando los últimos años. Pero en ningún caso lograron el objetivo de recrear una especie de 'empate catastrófico' como se perseguía mostrar al mundo desde la Generalitat. Lo que se percibió con claridad es que los independentistas catalanes incapaces de negociar con el Estado una salida razonable al problema del autogobierno o alcanzar sus objetivos por los cauces que ampara la Carta Magna, optaron por trasladar el problema a la calle. Con el engañoso mensaje, a la ciudadanía catalana, de que votar en urnas no homologadas, sin censo autorizado, con la ley de referéndum suspendida y en un clima de cuasi clandestinidad, era legal y no tendría impedimentos ni consecuencias. El objetivo era situar a la democracia ante el dilema inadmisible de ceder ante el chantaje o aparecer como un estado autoritario que restringe los derechos fundamentales.

Sin respaldo de la legalidad, sin apoyo de países o instituciones internacionales, sin mayoría social clara en el territorio, situando a su población ante la tesitura de optar entre la ley y las normas locales, los líderes independentistas llevan el barco rumbo a lo desconocido. Lo razonable sería resetear la situación como se hace con un ordenador infectado de virus y poner el contador a cero entre la Generalitat y el Estado. Sin embargo, no parece viable, una vez que los miembros del Gobierno y buena parte de dirigentes del PDeCAT y ERC están en el punto de mira de la justicia por presuntos delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. La presión sobre los líderes del 'procés' para que Puigdemont o el Parlament declaren unilateralmente la independencia será muy intensa a partir de las próximas horas. El Gobierno de España está en la obligación de tomar la iniciativa antes de que los acontecimientos se desborden abriendo una mesa de diálogo sin condiciones para reconducir la situación.