El dilema de la democracia

JUAN CARLOS VILORIA

Las democracias amenazadas se enfrentan al dilema imposible de ceder ante las amenazas o defenderse a pesar de estar obligadas a restringir los derechos democráticos. Eso explica, en parte, lo que sucedió ayer en Cataluña. La imagen de las fuerzas de seguridad retirando urnas, impidiendo a ciudadanos participar en el referéndum o anulando aplicaciones de internet para obstaculizar la consulta ilegal, puede resultar escandaloso para un país que desde hace cuarenta años ha conquistado las libertades fundamentales y derribado una dictadura. Pero simultáneamente era esencial para evitar el colapso del Estado de derecho y de la propia democracia. La complicidad de los jefes de la fuerza pública autonómica (Mossos) con el proyecto de secesión y con las autoridades conjuradas contra la Constitución y el Estatut requirió la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para cumplir las resoluciones judiciales y provocó los momentos de mayor tensión social de la jornada.

El president y su equipo lograron algunas instantáneas fácilmente explotables en el proceso victimista que tan provechosamente han venido activando los últimos años. Pero en ningún caso lograron el objetivo de recrear una especie de 'empate catastrófico' como se perseguía mostrar al mundo desde la Generalitat. Lo que se percibió con claridad es que los independentistas catalanes incapaces de negociar con el Estado una salida razonable al problema del autogobierno o alcanzar sus objetivos por los cauces que ampara la Carta Magna, optaron por trasladar el problema a la calle. Con el engañoso mensaje, a la ciudadanía catalana, de que votar en urnas no homologadas, sin censo autorizado, con la ley de referéndum suspendida y en un clima de cuasi clandestinidad, era legal y no tendría impedimentos ni consecuencias. El objetivo era situar a la democracia ante el dilema inadmisible de ceder ante el chantaje o aparecer como un estado autoritario que restringe los derechos fundamentales.

Sin respaldo de la legalidad, sin apoyo de países o instituciones internacionales, sin mayoría social clara en el territorio, situando a su población ante la tesitura de optar entre la ley y las normas locales, los líderes independentistas llevan el barco rumbo a lo desconocido. Lo razonable sería resetear la situación como se hace con un ordenador infectado de virus y poner el contador a cero entre la Generalitat y el Estado. Sin embargo, no parece viable, una vez que los miembros del Gobierno y buena parte de dirigentes del PDeCAT y ERC están en el punto de mira de la justicia por presuntos delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. La presión sobre los líderes del 'procés' para que Puigdemont o el Parlament declaren unilateralmente la independencia será muy intensa a partir de las próximas horas. El Gobierno de España está en la obligación de tomar la iniciativa antes de que los acontecimientos se desborden abriendo una mesa de diálogo sin condiciones para reconducir la situación.

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