Y por fin llegó el temido 1 de octubre y las cosas se produjeron como era previsible. Previsible pero indeseable. El Gobierno de la Generalitat siguió adelante, de manera obcecada, con su plan de celebrar un referéndum de autodeterminación, a pesar del carácter ilegal del mismo, incumpliendo la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, y desobedeciendo reiteradas decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y el Gobierno del Estado ha hecho todos los esfuerzos posibles por evitar que este referéndum se produjese y por hacer cumplir la ley y las decisiones judiciales, empleando para ello, en última instancia, uno de los instrumentos más inmediatos y efectivos a su alcance: las fuerzas de orden público. Hasta aquí lo previsible y lo anunciado. Pero claro, en una situación como ésta, con la gente movilizada y llevada a la calle con consignas de todo tipo, promovidas por políticos irresponsables, no es de extrañar que se hayan producido los choques violentos que hemos visto en los medios de comunicación. Y esto es verdaderamente lo indeseable.

Pero, ¿no era esto también previsible? Yo creo que sí; no sólo era previsible, sino que estaba perfectamente programado. Desde que todo este proceso independentista se inició, fundamentalmente en la segunda etapa del mismo que sigue a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, los líderes del separatismo catalán no han cesado de hacer declaraciones y de adoptar posiciones claramente desafiantes frente al Estado y sus instituciones, como si buscasen desesperadamente la respuesta contundente de éste, para luego presentarse como víctimas de la represión de un 'Estado autoritario' y 'franquista', y legitimar así sus pretensiones de independencia.

La estrategia no es baladí y va más allá de su mera apariencia. Los separatistas buscan encajar su pretensión de independencia en el Derecho Internacional y saben de sobra que no es fácil. El conjunto de normas que se derivan de las Naciones Unidas, desde su Carta fundacional de 1945 hasta la Declaración aprobada por la Asamblea General con motivo del cincuentenario de la organización, en 1995, pasando por la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 1960, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, o la Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de 2010, todas ellas reconocen el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos al yugo colonial, pero establecen también que «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». Y ello es así, siempre y cuando la política de los Estados en cuestión «se conduzca[n] de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y... estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna». Sólo, pues, en el caso de que las autoridades de la Generalitat lograsen demostrar a la comunidad internacional que el Estado español les trata de manera discriminatoria, con clara violación de sus derechos ciudadanos y que se les priva de su participación en las instituciones del Estado, sólo en este caso sería admisible el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de la independencia de Cataluña. Pero, con toda evidencia, ninguno de estos supuestos se produce.

Y, sin embargo, el referéndum ha tenido lugar, aunque sea en los términos de ilegalidad y carencia total de las formas requeridas por el Derecho Constitucional comparado. Y los actos de violencia callejera se han producido también, según estaba previsto. Todo ello convierte a lo sucedido en una parodia tragicómica. Una parodia con víctimas en la calle. Y ¿ahora qué? Ahora es imprescindible llevar la política al terreno de la legalidad, a los cauces de los que nunca debía haber salido. Y eso significa también deducir responsabilidades; responsabilidades políticas, pero también jurídicas. Y, desde luego, no puede caber duda alguna de que quien ha cometido una ilegalidad, quien ha convocado un referéndum en desafío de la ley y de las decisiones de los jueces, quien ha llevado a la gente a la calle, poniendo en riesgo su integridad, es sólo el Gobierno de la Generalitat catalana. Y el Estado no puede hacer ahora manifestación alguna de dejación. Lo contrario supondría desautorizarse así mismo ante los propios ciudadanos españoles y la comunidad internacional, sobre todo ante aquellos que le han prestado su apoyo de manera explícita, comenzando por la Unión Europea. La Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el manido artículo 155 de la Constitución y también el Código Penal, han de ser utilizados sin rubor y en la medida que corresponda y sea necesaria, con el debido control parlamentario y de los jueces.

Pero, además de reencauzar la política en el ordenamiento jurídico que la regula, es necesario también que los problemas políticos encuentren solución adecuada primero en el propio terreno de la política. Y, desde luego, el problema catalán es un grave problema político que no debemos seguir arrastrando como hasta ahora ni un minuto más. En este sentido, es necesario que las fuerzas políticas -sobre todo las de ámbito nacional- abandonen el sectarismo incapacitante que hoy les condiciona y separa, y que sean capaces de sentarse a negociar una solución que sea lo más satisfactoria posible para todos, catalanes y no catalanes. Y no basta ya con eventuales transferencias de competencias, ni con discutir sobre un euro más o menos de financiación. La cosa es seria y afecta al futuro del conjunto del Estado español y, como tal, en ese ámbito ha de ser resuelta, con la participación más amplia posible, si no puede ser de todos. Ya lo hicimos en el momento de redactar la Constitución de 1978, ¿por qué no volver a hacerlo ahora?

Muchos dicen que el 'Estado de las Autonomías' está agotado y que es necesario reformarlo. Yo no sé si el término 'agotado' describe muy bien la realidad. Lo que es evidente es que ha fracasado; y ha fracasado porque no ha logrado satisfacer las aspiraciones políticas de vascos y catalanes que eran -con los gallegos- los principales destinatarios del mismo. Y ahora, si tenemos que reformarlo, hagámoslo; pero hagámoslo todos y para todos. No caigamos de nuevo en el error de diseñar una forma política al gusto de quien no le gusta el traje desde el primer día.

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