DESEOS POLÍTICOS CONTRA REALIDAD LABORAL

La cuestión laboral en la docencia no es sencilla y por eso los deseos expresados en la política parlamentaria o electoral chocan a menudo con la realidad de la política gestora de la Administración. Quizás nunca tan evidente esta divergencia como en la cuestión laboral. Por eso, tenemos que dejar de creer en las promesas que tantos partidos políticos han realizado sobre la modificación del acceso a la función pública docente. Al final la realidad se impone en la gestión. No cabe el adanismo, más bien, el borrón y cuenta nueva en la política educativa.

Por eso, sea en Madrid o en Valencia, los partidos gobernantes -al menos los que supuestamente encabezan dichos gobiernos- han llegado a prometer aquello de nuevos procesos selectivos, la puesta en marcha de un MIR educativo o, en suma, nuevos procedimientos que combinen periodos iniciales de formación práctica con la contratación de los docentes.

Sin embargo, nunca nadie pondrá ese cascabel al gato mientras la provisionalidad en el sector supere el 20% de la plantilla total. Es imposible un volantazo tal mientras que el acceso a la función pública se use para funcionarizar a buena parte de la plantilla que ejerce. Se use y, aclaro, posiblemente se deba usar por dejar alcanzar tales cotas de interinidad. A finales de diciembre, el Ministerio de Educación aprobó modificar el acceso a la función pública, lo cual fue muy respondido por los sindicatos -no todos, eso sí- por incluir que los ejercicios en la fase oposición fueran eliminatorios. Cierto. También, que la modificación aumenta las posibilidades de acceso de los interinos: eleva la ponderación de la fase concurso en el conjunto, aumenta la valoración de la experiencia docente previa en la fase de concurso y Aumenta el número de años de experiencia docente previa. En resumen, al interino se le pone más fácil obtener una plaza pero se le pide que apruebe la oposición.

En la misma línea está la convocatoria de empleo docente de la Conselleria de Educación. Cuantas más plazas, más interinos estabilizarán su empleo, como han demostrado las oposiciones anteriores. No obstante, por si no es suficiente, la Conselleria ya se ha comprometido a buscar soluciones para que los interinos de larga duración no se vean perjudicados.

En esta tesitura, la interinidad sigue reteniendo la modernización del debate sobre el acceso a la docencia. Y hay que decir que no por culpa de los docentes, pues son los gestores los que han llevado a este gigantismo de la interinidad.

Es en ese debate donde colapsó también la contratación directa de personal extranjero para dar clases en nuestros centros públicos. La Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre quiso contratar a profesorado nativo para dar inglés y se encontró de frente con la oposición sindical. La idea la quiso trasladar al Ministerio de Educación cuando el PP retornó al gobierno e introdujo en la Lomce el artículo 97 que señala que «las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán incorporar como profesores especialistas, a profesionales, no necesariamente titulados, de nacionalidad extranjera». Además, introduce la disposición adicional trigésimo séptima que señala que «mientras exista insuficiencia de personal docente con competencias lingüísticas suficientes» se podrá «incorporar expertos con dominio de lenguas extranjeras».

No es fácil la pretensión. La muestra es que la Conselleria de Educación ha pretendido extender a todos los centros públicos el programa ministerial de auxiliares de conversación y ha pinchado en hueso. No hemos sido capaces de atraer al millar de auxiliares de conversación pretendidos.

Por su parte, la Concertada, con la puerta cerrada para incorporar a estos auxiliares de conversación financiados con fondos públicos, extiende, importado de Escuelas Católicas de Madrid, el programa BEDA con su propio esfuerzo.

El plurilingüismo, también, choca con la realidad laboral y por eso la ley prevé un calendario de implantación más acelerado que el de exigencia de titulación a los docentes. De esta forma, estará implantado antes el modelo plurilingüe en todos los cursos que los docentes tengan la titulación de inglés que la ley pretende exigir. Y así. La política educativa está condicionada a la política laboral porque no condiciona la política laboral a una política educativa. También, hay que reconocerlo, porque un sistema gigante no encuentra buenos parches de su tamaño.

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