Derecho a saber

Quedan aún por contestar preguntas esenciales sobre la respuesta a la crisis catalana

IGNACIO GIL LÁZARO

El presidente del Gobierno compareció esta semana ante el Congreso de los Diputados a efectos de informar sobre la situación en Cataluña. Hace un mes, ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos eran partidarios de aplicar el artículo 155. Ahora hay un cierto grado de acuerdo inicial. No obstante, quedan aún por contestar preguntas esenciales sobre la respuesta a la crisis catalana. Primera: ¿por qué si Rajoy, Sánchez y Rivera coincidieron en afirmar durante el debate que el 6 y el 7 de septiembre el Parlament de Cataluña «liquidó» la Constitución y el Estatuto de Autonomía sustituyéndolos por una normativa ilegítima -lo que equivale a consumar el delito de sedición- no se puso en marcha al día siguiente el mecanismo del artículo 155 como correspondía a un principio elemental de proporcionalidad jurídica y coherencia política con lo que se hubiera evitado la jornada del 1 de octubre, la huelga general subsiguiente y la declaración de independencia del pasado martes y por tanto los tremendos efectos negativos que todo ello ha reportado a la sociedad catalana y al interés general de España? Segunda: ¿por qué si el Gobierno ha sostenido con razón durante los últimos meses que una reforma de la Constitución era innecesaria y un riesgo añadido dada la distribución de fuerzas en el Congreso de los Diputados sin embargo sorpresivamente cambia de criterio solo para obtener el apoyo del PSOE como si la defensa de la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho tengan que ser sometidas a cambalache previo? El consenso resulta siempre deseable pero no es un valor absoluto. Sí en cambio el cumplimiento del deber y allá cada cual con su responsabilidad sobre lo que hace al respecto. Por cierto, ¿se ha comprometido Pedro Sánchez con el presidente del Gobierno a renunciar a su concepto de la plurinacionalidad o al de España como «nación de naciones» en el marco de esa anunciada revisión constitucional? ¿Eso es también negociable o no para ambos? Aún más, ¿qué sentido tiene poner en marcha una comisión parlamentaria de estudio de la mejora del modelo territorial cuyas conclusiones servirán de base en la elaboración de la futura reforma de la Constitución cuando los separatistas ya han dicho que no piensan participar en una ni en otra? Tercero: ¿qué va a hacer el Gobierno y sus aliados si mañana lunes Puigdemont contesta al requerimiento limitándose a enviar -como parece probable- un ejemplar del Diario de Sesiones del Parlament correspondiente al día de autos sin más respuesta que ésa y además convoca de inmediato elecciones autonómicas para tratar de impedir así la aplicación del artículo 155 abriendo la batalla interpretativa sobre si cabe o no suspender al Govern estando ya en funciones desde el momento de firmar la citada convocatoria? No se trata de cuestiones menores. Todo lo contrario. Por eso el pueblo español tiene derecho a saber. Cuanto antes.

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