La Declaración de Barcelona

La reforma del modelo autonómico debe alejarse de la tentación de hacerla 'para Cataluña' y ser discutida y asumida por todos resolviendo las cuestiones relevantes para todos

El pasado viernes las ejecutivas de PSOE y PSC acordaron la llamada Declaración de Barcelona, planteada expresamente como alternativa tanto a las reivindicaciones independentistas como al mantenimiento del modelo actual, en su formulación y en su práctica. Se defiende así la existencia de un espacio de diálogo y respuesta a las demandas soberanistas desde el marco constitucional, de modo que sus posiciones dejan de considerarse sólo propuestas ilegales para convertirse en demandas políticas a integrar por el propio sistema. A mi juicio, este es un punto de partida necesario, pues la reducción del movimiento independentista a una huida hacia delante de un grupo de políticos, distintos de una sociedad «sensata» y ajena a ese movimiento, es insostenible en la práctica y funciona sólo a efectos de legitimar la falta de respuesta política y su uso con fines electorales en el resto de España.

Las posibilidades de avanzar en esta línea se miden en la capacidad de la propuesta para acercarse a los ciudadanos que defienden hoy la opción soberanista. ¿Puede la propuesta planteada ser atractiva para ellos? En este sentido el texto va más allá de la habitual defensa de la reforma constitucional federal para asumir una serie de contenidos que no necesitan reforma constitucional y que se refieren a aspectos de la reivindicación independentista que acostumbran a quedar ocultos por la discusión constitucional: compromisos en materia de infraestructuras (corredor mediterráneo, ferrocarriles, puertos, mayor participación en el transporte metropolitano...), de desarrollo estatutario (transferencias, inversiones culturales, consejos territoriales de justicia...) o de asunción de la identidad propia de Cataluña en el funcionamiento de las instituciones estatales (esencialmente en materia lingüística y cultural).

En cuanto a la reforma constitucional, la propuesta se remite casi por entero a la Declaración de Granada, pero hace un énfasis especial en cuatro aspectos reivindicados por el PSC en los últimos años: reconocimiento «de las aspiraciones nacionales», reforma competencial, regulación del sistema de financiación autonómica con énfasis especial en su suficiencia y refuerzo de la participación autonómica en las decisiones del Estado mediante un Senado renovado en su composición y funciones. La eficacia de estas propuestas para reintegrar a los ciudadanos independentistas se juega naturalmente en su concreción, que implica obviamente a todas las Comunidades y a todos los españoles: no es razonable esperar grandes trasformaciones competenciales, pero sí reforzar la exclusividad en ámbitos concretos y especialmente sensibles, lo que exige una efectiva asunción de la diversidad de derechos en función del territorio que es elemento estructural del federalismo (y del estado autonómico), aspecto que señalaba recientemente Francisco Caamaño; la financiación territorial no puede cerrarse constitucionalmente y es imposible desconocer sus efectos generales para todo el territorio, pero la fijación de claros principios constitucionales y la reconsideración de la distribución actual de recursos entre niveles territoriales son cambios de por sí relevantes; y un Senado federal es fundamental para terminar con las dinámicas de las decisiones estatales que ignoran sus efectos territoriales ... y de ocultación de la responsabilidad autonómica en las decisiones en las que sí se ha participado.

En resumen, un texto que aborda de modo expreso prácticamente todos los ámbitos de reivindicación independentista, al margen obviamente de la propia independencia. Y, sin embargo, en mi opinión, la propuesta no va a alterar en gran medida el debate. Esta aparente paradoja no se debe a que la propuesta llegue tarde, sino a que las reivindicaciones territoriales son, a mi juicio, la expresión de un descontento y un alejamiento más general, derivado en buena parte de la crisis económica, pero también de la evolución de nuestro sistema institucional y de partidos desde la aprobación de la Constitución. Responder a las demandas independentistas con una reforma del modelo territorial puede ser necesario, pero no será suficiente. El independentismo se ha consolidado como una opción ilusionante que plantea un modelo global (tan irreal como se quiera) y óptimo en la medida de su propia inexistencia. Sólo una propuesta de similar alcance, que dé respuesta no sólo a demandas territoriales, sino muy especialmente a consideraciones institucionales, democráticas o en materia de derechos puede generar un efecto a medio plazo de vuelta de ciudadanos al modelo constitucional. El debate no es sólo de funcionamiento del estado autonómico; es de integración en el sistema constitucional.

La propuesta, sin embargo, no sólo debe ser eficaz para reintegrar a parte del independentismo en el modelo constitucional. Debe también ser asumible (y atractiva) para el resto de las comunidades y de ciudadanos españoles. El modelo autonómico tiene una larga experiencia en malentendidos o interpretaciones distintas del mismo texto; y cuestiones simbólicas, como la concreción de la plurinacionalidad o concretas como la garantía de la igualdad darán lugar sin duda a discusiones y divergencias. Por esa razón, entre otras, es relevante el procedimiento en el que una eventual reforma se discuta y se adopte, alejándose de la tentación de una reforma 'para Cataluña' y tendiendo a una reforma discutida y asumida por todos, que resuelva las cuestiones relevantes también para todos, a ser posible de modo expreso y no ambiguo.

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