NO CREEN MÁS ORGANISMOS

PABLO SALAZAR

Mientras en la Audiencia Nacional se sienta estos días parte de la cúpula del PP valenciano y toda una forma depredadora y corrosiva de entender y ejercer la política, en las instituciones públicas que controla el tripartito empiezan a apreciarse actitudes que calcan algunos de los comportamientos nocivos de épocas pasadas, vicios que aplicados durante décadas por el mismo partido degeneraron en un Sodoma y Gomorra de la corrupción, duramente castigado por los electores en los comicios de mayo de 2015, cuando los valencianos pusieron punto y final a veinte años de poder popular en la Generalitat y a nada menos que veinticuatro en el Ayuntamiento de Valencia. Ante la pregunta recurrente de cómo fue posible aquello, conviene acudir a la hemeroteca para rescatar del olvido los sucesivos informes de la Sindicatura de Cuentas, el organismo estatutario encargado de vigilar y controlar los presupuestos de la Generalitat, sus organismos y empresas públicas, sus fundaciones y todas sus consellerias. Año tras año, al llegar la víspera de las fiestas navideñas, el síndic ponía de manifiesto los mismos defectos, idénticas irregularidades, similares trampas, desde el troceado de contratos para eludir los controles hasta las famosas facturas en los cajones. Y nunca pasaba nada. El o la presidente/a de Les Corts recibía con aire casi divertido primero los voluminosos informes y posteriormente el pen que recogía todos los datos, análisis y advertencias, incluso las llamadas al orden para que se trabajara de otra manera. Pero como el que oye llover (cuando llovía). La administración popular silbaba, miraba para otro lado y seguía a lo suyo, que ya vemos lo que era. Muchos de los casos de corrupción que afectan al PP están, originalmente, en aquellos informes de la Sindicatura, en contrataciones fraudulentas y modificados de obra imposibles, en sobrecostes inverosímiles que sirvieron para otras causas menos dignas. No hacen falta nuevos organismos que controlen la actuación administrativa, no es necesario crear más entes fiscalizadores. Simplemente, hay que hacer caso a las correcciones, consejos y advertencias de los que ya existen y en todo caso dotarlos del personal necesario para ejercer correctamente su labor. Este periódico cuenta hoy el caso de los catálogos del MuVIM y de las alarmas sobre su adjudicación, primero por parte de la Intervención de la Diputación y después a cargo del secretario de la corporación. No sirvieron de nada, el político responsable (es un decir) decidió seguir adelante contra el criterio de los profesionales, de los funcionarios cuya labor es precisamente ésa, servir de dique contra ilegalidades e infracciones administrativas. Veremos si dentro de unos años no está sentado ante un tribunal.

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