El concurso de la Plaza de la Reina: Relato de un despropósito

i. marsilla

IÑIGO MAGRO DE ORBE ARQUITECTO

Tendré que empezar por el principio. En 1999 el Colegio de Arquitectos convocó un concurso de ideas para la reordenación de la Plaza de la Reina de Valencia. El jurado presidido por Rafael Moneo -Premio Pritzker de Arquitectura (equivalente a los Nobel)-, concedió el primer premio al proyecto firmado por los arquitectos Miguel del Rey, Iñigo Magro y Antonio Gallud. Dicho proyecto fue cedido al Ayuntamiento para que lo llevara a cabo con la condición de que, en caso de realizarse, los autores del mismo formaran parte del equipo redactor.

Casi 20 años después, el nuevo Ayuntamiento nos llamó para tratar de rescatar aquel proyecto tan importante para la ciudad. Dada su indiscutible calidad (Moneo dixit), se pensó en la posibilidad de un encargo directo para cumplir con las condiciones que obligaban al Consistorio (por convenio con el Colegio de Arquitectos) a contar con nosotros en el caso de llevarlo a cabo.

Tras múltiples deliberaciones y no pocas discusiones, los Servicios Jurídicos Municipales, «en aras de la máxima transparencia», aconsejaron la convocatoria de un concurso de méritos (de libre concurrencia) para seleccionar al equipo que garantizara la máxima calidad arquitectónica utilizando, para ello, las ideas y los planos de nuestro proyecto ganador del 99.

La propuesta nos pareció un disparate. Pero el Ayuntamiento no estaba dispuesto a sembrar la más mínima duda sobre su «gestión imparcial». Así las cosas y dado que el concurso se iba a convocar (sí o sí), nos vimos en la obligación moral de presentarnos en las mismas condiciones que cualquiera de los licitadores concurrentes. Sabíamos que corríamos el riesgo de perderlo, pero, finalmente y después de un larguísimo proceso de gestión burocrática (más de 6 meses desde la convocatoria) se nos comunicó que la oferta más ventajosa para la ciudad había sido la nuestra. Es decir: habíamos ganado, por segunda vez, el concurso para la Plaza de la Reina con una puntuación de 89,40 puntos sobre los 100 posibles que acreditaban, un vez más, la idoneidad de nuestro equipo para hacerse cargo del proyecto.

Sin embargo, en ese dilatado y excesivo periodo de tiempo (que incumplía los propios plazos de la convocatoria y que, sin duda, ha influido en el resultado final), se produjo una circunstancia totalmente ajena a nuestra oferta ya que una de las ingenierías que cubría parte de la solvencia económica (honorarios facturados) y que tan solo representaba el 20% del equipo, entró en Concurso de Acreedores y, por tanto, quedaba incapacitada para contratar con la administración. Las alternativas presentadas para resolver el problema no fueron aceptadas y fuimos eliminados. Nos dijeron que «el Ayuntamiento había cumplido estrictamente la Ley de Contratos del Sector Público».

No voy a extenderme sobre lo injusto de las bases normativas de la convocatoria amparadas por esa Ley, pero sí quiero resaltar que, de entrada, quedaban excluidos los pequeños y medianos estudios de arquitectura dadas las exigencias de solvencia económica, inasumibles en plena crisis del sector, favoreciendo, por tanto, a las grandes empresas e ingenierías con mayor capacidad de facturación. Las bases del concurso se plantearon con extrema rigidez amparándose en el cumplimiento estricto de la ley. Sin matices. Sin posibles interpretaciones que recuperaran el espíritu de la convocatoria que literalmente decía en su Pliego que: «en el presente concurso, se va a otorgar mayor ponderación a los criterios que dependen de un juicio de valor... porque se persigue una calidad arquitectónica optima del proyecto».

Pero: ¿no había nadie en el equipo de este nuevo Ayuntamiento con voluntad política para entender que lo que se tenía que primar en esta ocasión eran las capacidades técnicas y la calidad arquitectónica de los concursantes, más allá de los honorarios facturados?

Parece ser que no, y los argumentos legales de los Servicios Jurídicos se impusieron, una vez más, al sentido común y a la voluntad política de buscar el proyecto que garantizase la máxima calidad arquitectónica para la futura Plaza de la Reina.

La torpeza del nuevo Ayuntamiento -que no supo (ni quiso) aprovechar el «regalo» ofrecido por el Colegio de Arquitectos-, es más que evidente y lo peor es que la solución adoptada parece irreversible... Porque una gestión que pudo ser fácil y clara, ha devenido en un sinsentido producido por la ineficacia y la burocracia administrativa que ha sido incapaz de entender que, a veces, los valores éticos y morales deberían de prevalecer sobre los estrictamente normativos. Sin contemplar la posibilidad de interpretar estos últimos a favor de los intereses generales.

Leía el pasado miércoles en estas mismas páginas un ingenioso artículo firmado por Pablo Salazar en el que, haciendo un símil con el famoso no-gol de Cardeñosa, decía que el actual Ayuntamiento de Valencia «lo tenía todo a su favor para retomar un proyecto que por distintas razones se le atragantó al PP...» y que «con un mínimo de agilidad, teniendo las ideas claras, podían haber presentado la obra terminada antes de las elecciones de 2019...».

Pero me temo que no será posible, porque este Ayuntamiento, tan progresista, no ha sabido defender el proyecto mejor valorado para los intereses de la ciudad, siendo incapaz de adjudicárselo al equipo que, además de haber ganado (por dos veces) el concurso, ha demostrado históricamente la mejor de las disposiciones para llevarlo a cabo.

Me pregunto qué pensará Rafael M oneo de este despropósito...

Fotos

Vídeos