Cataluña. Una, grande y libre región de España

RUBEN MALONDAProfesor de la UNED

Ni Platón en su famosa República hubiera pensado que Puigdemont y Junqueras se autoproclamaran los nuevos filósofos únicos conocedores de la verdad. Pero el resto de los mortales, en nuestra caverna, estamos cansados de escuchar cada día los nuevos desatinos del gobierno catalán. Y seguimos esperando saber cómo termina el final de esta temporada de la serie 'Independencia catalana'. El capítulo final será el 1 de Octubre, aunque algunos ya vaticinan que el año que viene habrá nueva temporada. Porque si la anterior terminó con elecciones en las que la misma CUP reconoció que los resultados obligaban a abandonar la vía independentista, en esta temporada las actitudes han cambiado y en lugar de aceptar la derrota han aplicado la estrategia de la desobediencia y la instigación.

Aunque si en algo estamos de acuerdo es que el final no tendría que pasar por una solución judicial. Hubiera sido deseable que la solución hubiera sido política. Pero cuando alguien se obstina en no respetar la democracia y la legalidad, el Gobierno antes de utilizar la 'fuerza bruta' debe recurrir a la de los poderes que le confieren el sistema democrático para garantizar la Constitución, entre ellos el judicial.

Ahora, el gobierno catalán se lamenta de recibir notificaciones que anulan sus resoluciones y exigen la paralización del referéndum. Pero olvida que todos los ciudadanos recibimos las desagradables cartas de la Guardia Civil y de Hacienda cuando nos excedemos en la velocidad de conducción, o cuando no hacemos correctamente nuestra declaración de la renta. No existe arbitrariedad, sino la consecuencia de una mala praxis. Y esto se aplica siempre y para todos. Nadie queda fuera de la ley. Y todos respetamos especialmente a estos dos cuerpos u organismos.

Pero el gobierno catalán parece que no le teme a nada. Pero sólo son apariencias. Nadie está dispuesto a ir a la cárcel o a perder su patrimonio. Y, las fisuras del pequeño edificio independentista que había construido el gobierno catalán han aflorado mostrando su debilidad.

No se trata que el mayor de los Mossos no haya cedido al chantaje nacionalista entendiendo que sus atribuciones están supeditadas al poder judicial, y, haya acatado la orden de la fiscalía. Se trata de que muchos alcaldes no están dispuestos a ser imputados por algo que ni quieren ni entienden que deben hacer. Y con ellos, políticos de todos los colores, coordinadores, funcionarios, y, finalmente los ciudadanos.

Así pues, tenemos una minoría ruidosa de un 10% de catalanes que quieren la independencia, otro 50% que no la quiere, y un 40% de catalanes a los que les resulta indiferente pero que manipulados por una maquinaria demagógica sucumben ante los medios de comunicación independentistas para pensar que su vida sería mejor fuera de España.

Nada más lejos de la realidad. La vida de los catalanes sería mucho peor fuera de España. Sin ser catastrofistas, Cataluña no saldría de la UE, o al menos no lo haría del espacio Schengen, pero a nivel económico las importaciones y exportaciones alcanzan un volumen de más del 30% entre Cataluña y el resto de España lo que significa que las pérdidas serían ingentes, sin hablar del modelo de cohesión social que existe en nuestro Estado.

Y, entonces, ¿para qué la independencia? ¿Quién la quiere realmente? Cataluña nunca ha querido la independencia. Los catalanes siempre se han sentido orgullosos de su región, de su lengua y de su cultura, pero dentro de España. Eso sí, una Cataluña no supeditada a Madrid y a la que se le trate por igual.

Pero el poliedro independentista tiene muchas caras, y, el nacionalismo también es fruto de los gobiernos anteriores con los que ya, con Felipe González, no se les ha tratado igual que a Madrid, desde donde salen autovías gratuitas y trenes AVE a casi todas las regiones de España. La primera autovía hubiera debido ser la que une Madrid con Barcelona y lo mismo para el primer AVE. Pero los catalanes han tenido que soportar que los andaluces tengan AVE vacíos de personal y autovías muchos años antes que en el resto de España, con la única explicación por parte del presidente socialista de: «Si no las hubiéramos hecho nosotros, no lo habría hecho nadie». Es decir, que los catalanes y valencianos pagamos autopistas mientras en otras regiones disfrutan de autovías gratuitas. No podemos olvidar que el método de financiación ha sido injusto con muchas regiones como Cataluña y Valencia, mientras beneficiaba a otras como Extremadura y Canarias.

La crisis económica ha hecho el resto, y ahora algunos catalanes, en el paro, piensan que la independencia es la mejor solución para llevar adelante a sus familias. Pero la independencia no es la solución, de hecho agravaría el problema. Porque la única solución es la política y pasa por consensuar un sistema de financiación equitativo y solidario.

Buscar el equilibrio no es nada fácil por eso ahora el presidente Rajoy exige un consenso para modificar el sistema de financiación actual. A la oposición ya no le valdrá decir que el gobierno lo sigue haciendo mal porque lo decidirán juntos.

Porque la débil democracia española todavía no ha aprendido a deliberar y a consensuar. La oposición se ha dedicado siempre a protestar, no a ayudar, ni a colaborar, ni a construir conjuntamente.

No seamos ingenuos, la prioridad de la oposición es llegar al gobierno, pero los ciudadanos estamos hartos de que cada gobierno quiera hacer su ley educativa, su sistema de gestión de recursos hidráulicos, su sistema de gestión sanitaria, etc. derogando las anteriores leyes aprobadas.

Si algo bueno tiene el desafío independentista es que remueve las debilidades de la democracia para permitir gobernar de otra forma. Ya no hay mayorías absolutas pero la solución no es dar un trozo de pastel a los vascos y canarios (hace años a los catalanes que no tenían problemas de pactar con PSOE y luego con el PP). Ahora lo que España necesita no son movimientos independentistas sino regeneración democrática. Ya no vale ayudar a los afines sino consensuar un modelo de educación, de sanidad, de financiación autonómica.

No le queda más remedio al Gobierno y a la oposición que sentarse para trabajar juntos y consensuar lo mejor para los ciudadanos, es decir encontrar el equilibrio que permita progresar a todas las regiones. No le queda más remedio a los nacionalistas que abandonar su intifada y aceptar que España es indivisible y las fronteras europeas intocables.

Llega la hora del consenso para trabajar por el futuro, eso sí, sin romper las reglas del juego. Porque un Gobierno queda deslegitimado cuando no obedece a las mismas leyes que le han permitido constituirse como tal.

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