LA CASILLA 155

PABLO ROVIRA

El gobierno central duda si poner la casilla, de si el 155 protegerá la casilla, de si la reacción a la casilla será más furibunda, más iracunda y dará más bríos a la construcción de mitos nacionalistas. El gobierno central no tiene claro si incluir en la matriculación escolar la casilla de solicitud de castellano como lengua vehicular en la escuela. La casilla que ha desaparecido en la Comunitat.

Recordemos: el modelo de inmersión lingüística de Cataluña reduce la presencia escolar del castellano a la asignatura propia, pese a las sentencias que avalan el papel vehicular del castellano en la escuela. También, la potestad legislativa de los políticos para discriminar positivamente -en sencillo, favorecer- la presencia de la lengua autonómica en la escuela. A partir de aquí, la flexibilidad humana, pues en las situaciones cotidianas, habrá de todo, más en clases donde la realidad lingüística dificulte la comprensión escolar.

Ahora, con la aplicación del artículo constitucional que ha dejado en manos del Gobierno central las competencias autonómicas, se estudia y debate si el Ministerio debiera introducir esta casilla por la cual las familias catalanas pudieran elegir la lengua vehicular de sus hijos. En resumen -pues ahí está el salto- que los escolares catalanes puedan estudiar fundamentalmente en castellano.

Vaya por delante un mensaje tranquilizador a las familias catalanas: no teman problemas de convivencia ni falta de cohesión social. En fin, un modelo de elección lingüística en la escuela hemos tenido los valencianos hasta ahora y, a pesar de que también tenemos nuestros problemas, nuestra conflictividad social ni se acerca a la brecha social existente en Cataluña en los últimos tiempos.

Por tanto, son dos cuestiones diferentes. La primera sería asegurar como Administración la presencia del castellano al 25% del horario escolar, que es lo señalado en la jurisprudencia que rige la cuestión. Sin ir más lejos, también la recién aprobada ley de plurilingüismo valenciana. Otra cuestión, política, es la de cambiar el modelo lingüístico catalán, pues eso sería hacer el camino valenciano inverso y pasar de la línea única a la doble opción lingüística.

Otra de las desubicaciones propias del debate: no sufran por la lengua castellana. La pujanza del castellano es enorme en el mundo; su enseñanza como lengua extranjera en los sistemas educativos esta cada día más extendida y la procedencia latina del alumnado de EEUU cada mayor peso son dos de los hitos que apoyan esta idea. No sufran por el castellano. En nuestro caso, la minoría lingüística es la valenciana.

Por tanto, no son las lenguas sino los ciudadanos los que pueden sufrir o no las políticas lingüísticas. A mi juicio y en un ámbito político, el modelo de inmersión va en contra de los derechos políticos básicos de los ciudadanos castellanohablantes: si la lengua es identidad, negar su presencia en lo público -que es la escuela- es cercenar ciudadanía. La defensa de estos modelos parten de una estructura a la belga de España en la que el castellano se considera lengua forastera. No es el caso de los valencianos y más si se asume nuestra propia diversidad, al menos tanto como se reclama dicha condición al conjunto del Estado.

La ley de plurilingüismo aprobada no parte de esas premisas de sentar en las últimos asientos del autobús a los castellanohablantes. No permite la enseñanza íntegra en valenciano pues recoge los porcentajes mínimos que establece la jurisprudencia. Al tiempo, y ese es uno de los puntos de conflictividad, incrementa la presencia del valenciano en las zonas castellanohablantes del territorio.

La ley aprobada enmienda a la totalidad el primer esquema planteado. Por ello, la oposición, PP y Ciudadanos, recupera la bandera de la libertad de elección de lengua para rechazar esta ley, la que siempre han defendido hasta que el decreto de plurilingüismo sustituyó esta bandera por la de la igualdad, que fue el punto débil rechazado en sus reveses judiciales. La libertad de elección de lengua. No es tan raro. Es más, tanto la distribución de carga horaria entre las lenguas oficiales como la elección de la vehicular por parte de las familias son las soluciones más comunes que se dan en los países que comparten nuestra realidad lingüística. Lo raro es que la lengua común quede tan reducida como se da en el modelo catalán. Son los hablantes los que quedan sin casillas.

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