Cara de exconseller

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

Desde el minuto cero. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explicó ayer que el Gobierno valenciano viene cumpliendo la suspensión cautelar del decreto del plurilingüismo desde el mismo momento que lo ordenó el TSJ valenciano. Lo hizo con una expresión ficticia, porque el minuto cero sería anterior incluso a la decisión de los tribunales. Pero se le entendió. Tampoco cabía otra respuesta para quien, además de ser abogada, obtuvo tanto rédito durante la pasada legislatura de recurrir decisiones políticas en los tribunales de justicia. Oltra salió por la vía del 'sí señor, lo que usted mande señor', sólo una semana después de deslizar que los jueces que quieren hacer política tienen que presentarse a las elecciones. Un cambio de tono que hace ver los nervios con los que la vicepresidenta ha llevado todo este asunto. La gestión de la conselleria de Educación se ha convertido en el principal dolor de cabeza del Botánico. Con la decisión de ayer de ordenar la renovación de otro concierto educativo, el departamento de Vicent Marzà suma ya cinco desautorizaciones de perfil medio por parte de los juzgados. Peccata minuta para lo que se le puede venir al Consell encima si el TSJ se pronuncia esta próxima semana -o el mismo día 31 de julio- sobre ese plurilingüismo del que el conseller ha hecho bandera sin apenas negociación, sin plan B y sin caer en la cuenta de que los tribunales podían tumbárselo. Una especie de 'esto lo saco yo adelante y no hay más que hablar' que dice poco de la necesaria mano izquierda que necesita todo gestor público. No deja de ser curioso que quienes durante tanto tiempo reprocharon al PP que impusiera su modelo educativo sin consenso, se vean ahora ante el espejo de su propia realidad: la de que los tribunales puedan terminar arruinando su proyecto estrella. La Sala de lo contencioso emitió el jueves un auto de los que no sólo insinúan cuál puede ser el fallo sobre el contenido del decreto -devolverlo a los corrales-, sino de los que advierte de las consecuencias judiciales que puede sufrir aquella autoridad que, desoyendo el criterio de los tribunales, piense que puede hacer lo que le venga en gana en su conselleria. A Marzà se le empieza a poner cara de exconseller, por más que mantenga el buen tono en sus declaraciones. Las decisiones de los tribunales, cuando gustan y cuando no, están para cumplirse. Y la patente de corso no la tiene ni el titular de Educación, ni el Consell en su conjunto, por más que Oltra quisiera salvarle la cara a su compañero de partido con eso de que la responsabilidad de cumplir la suspensión del decreto recae sobre todo el Consell. Si el plurilingüismo cae, quizá Puig y Oltra se empeñen en sostener al titular de Educación. Dará igual. Desautorizado ya habrá quedado.

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