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Lunes, 18 de septiembre 2017, 09:39
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La orden que regulará el nuevo bono social eléctrico de que se beneficiarán las familias más vulnerables ha recibido alegaciones de las empresas, que ven con preocupación cómo se les pretende endosar la tarea de comprobar mediante la declaración de la renta si quienes soliciten esta ventaja tienen o no derecho a recibirla. La patronal del sector, Unesa, argumenta que esto supondría «una intervención excesiva», que además puede «redundar en reclamaciones» de los clientes y, por tanto, «en problemas de reputación» para ellas. El Ministerio de Energía manifiesta que este encargo sería temporal, en tanto se ultima una aplicación que permita comprobar si los solicitantes tienen o no tal derecho. Además, Energía dice contar con el informe favorable de Protección de Datos, con lo que se excluiría cualquier quebranto de ley. La verdad es que la declaración del IRPF pertenece a la esfera privada de las personas, por lo que este escrutinio debería correr a cargo del ministerio, que es quien ha de tutelar las subvenciones.
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