Ayudas a discreción

BORJA RODRÍGUEZ

Cuando un gobierno debe publicar una información que sabe que va a generar mucha polémica hay una manera que minimiza su impacto de forma considerable. Consiste en publicarla justo antes de vacaciones, allá por el 31 de julio, o dentro de las mismas Navidades, como ocurrió el pasado 2 de enero con la resolución de las ayudas destinadas a los medios de comunicación social (televisión, radio y prensa escrita y digital) para el fomento del valenciano. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre las cantidades destinadas a empresas ubicadas fuera de la Comunitat y que tienen un marcado carácter catalanista, sobre todo en relación a los diarios digitales. Pero la polémica generada en el plano catalanista ha ocultado otro aspecto tan o más importante que este último, que nadie se atreve a denunciar por diversos motivos que no vienen ahora a cuento: las subvenciones a emisoras de radio que no tienen licencia de la Generalitat para poder emitir dentro del marco legal. El más que posible delito en este caso es doble; por una parte la propia Generalitat posee el control de las licencias y es conocedora de quiénes emiten de forma ilegal y al mismo tiempo concede ayudas sustanciosas a estas empresas que no están realizando una actividad con la autorización del Consell, lo que comúnmente se llama emisora ilegal o pirata. Uno podría pensar que se trata de una posible descoordinación entre consellerías pero existen pruebas que demuestran que se han denegado ayudas a alguna emisora por no poseer la licencia legal y sin embargo se han otorgado miles y miles de euros a más de una, de dos y de tres emisoras que carecen de la misma licencia para poder emitir. Además de no mantener una coherencia cuantitativa entre los diferentes medios, las ayudas están adjudicadas a discreción con intención de contentar a todo el mundo.

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