Autos de choque

Si al ejecutivo y al legislativo les corresponde asegurar el gobierno de la mayoría, son los tribunales quienes velan por los derechos de las minorías

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Es de libro. Cuando uno está relegado a la oposición, y ve desde sus mermadas bancadas cómo la mayoría parlamentaria legisla a su antojo, de la manera y en el momento que desea, o -peor todavía- cómo el gobierno abusa de su posición de ventaja para cometer todo tipo de tropelías sin que la minoría pueda detenerle y a veces ni siquiera estar al tanto de ello... los tribunales se convierten en la verdadera tabla de salvación de la democracia: en el último recurso -y nunca mejor dicho- al que acudir para averiguar la verdad, garantizar la supremacía de las leyes y salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder.

Pero cuando uno llega al poder, la perspectiva cambia por entero, y esa misma labor de esclarecimiento de la verdad, garantía de la ley y salvaguarda de los derechos que esos mismos tribunales siguen realizando con esa misma diligencia de siempre, transmuta a quienes los encarnan en enemigos de la ciudadanía, obstáculos para la democracia, y oscuros aliados de los poderes fácticos. Con la inmediata consecuencia de que los aplausos de ayer se transmutan hoy en alusiones a su crónico conservadurismo y a su repentina parcialidad, cuando no en reediciones de esa tan manida crítica de que cómo puede ser que cuatro leguleyos a quienes nadie ha elegido se interpongan con sus autos en el camino de un parlamento soberano.

¿Magia potagia? ¿Tenemos acaso unos jueces esquizofrénicos, que un día salvaguardan el Estado de Derecho y otro se ciscan en él, tras cambiar su vara de medir de la noche a la mañana? ¿O sucede más bien que lo que ha cambiado es la perspectiva de quienes hace unos meses -veinticuatro para ser exactos- recurrían a ellos para mantener al gobierno bajo control, y ahora que gobiernan desearían quitárselos de encima de la manera más expeditiva posible?

Yo diría que es más lo último que lo primero. Y la verdad es que me reconforta que sea de ese modo. Porque en una democracia -y más en una como la nuestra, en la que los poderes del parlamento y los del gobierno se confunden demasiado a menudo, y en la que unos y otros se sienten más comprometidos con sus estrategias de partido que con la letra de las leyes- la labor de los jueces es exactamente esa: la de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones del poder. Y subrayo la idea: los de los ciudadanos individuales, y los de los colectivos -por minoritarios, y hasta marginales que estos sean- que los representan. Porque si partimos de la base de que la democracia consiste en «el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de la minoría», no hará falta la sabiduría de Salomón para deducir que si al ejecutivo y al legislativo les corresponde asegurar la vigencia de la primera parte del axioma, son los tribunales quienes velan porque la segunda no se esfume.

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