Agravio comparativo

Agravio comparativo
elena negueroles

ELENA NEGUEROLES

El miércoles, 31 de enero leo con estupefacción en la portada de LAS PROVINCIAS, edición de l'Horta: 'Policías de paisano combatirán en Burjasot las heces caninas con multas de hasta 18.000 euros'. Cuando todavía no me había repuesto del susto, el viernes, 9 de febrero, me entero de que el Ayuntamiento de Chiva establece multas de la misma cuantía.

Si no fuera porque es un tema que me preocupa, estaría desternillándome de risa. ¿Se imaginan a 'la secreta', policías camuflados, persiguiendo, como espías de la guerra fría, a la vecina del quinto cuando sale a pasear a su perrito, debidamente pertrechada con una botella para orines y bolsas para heces...? ¡Ah!, y que no se le ocurra negar su culpabilidad, si no recoge rápido y bien, porque para eso se han creado los carísimos bancos de ADN, que la demostrarán sin lugar a dudas.

Hay medidas integradoras para facilitar la vida de los ciudadanos y otras, como estas, que lo único que consiguen es hacerla más difícil, creando una histeria colectiva, con efecto dominó. Son exageraciones que van en detrimento de las adopciones y pueden incluso provocar abandonos. Aunque sean personas con voluntad de cumplir las ordenanzas, quizá se sientan intimidadas por si, en un descuido involuntario, se ven obligados a afrontar una multa que nunca estarían en condiciones de pagar.

Me parece muy bien que se sancione a las personas que con su comportamiento incívico molestan a sus conciudadanos: a los que tiran los chicles al suelo (por cierto, también podían cotejar el ADN), a los que utilizan lavabos públicos y los dejan asquerosos, a los que destrozan el mobiliario urbano, a los que pintarrajean las esculturas, a los que encienden fuegos en zonas con peligro de incendios, a los que interrumpen con ruidos intempestivos el descanso de los vecinos, a los que mean en los portales, a los que no recogen las heces de sus perros... Hay que respetar lo que es de todos y sancionar al que no lo haga, pero todo tiene un límite. Las sanciones deberían ser proporcionales al delito cometido y al daño causado.

No puedo dejar de acordarme ante estas cantidades, insultantemente elevadas para una infracción, de otra noticia que me impactó por lo contrario: por lo mezquinamente barato que sale matar a un perro. Fue a raíz de una sentencia del Juzgado de Instrucción nº 4 de Requena, que el 18 de noviembre del 2014 condenó a un individuo a pagar una multa de 90 euros por abandonar en septiembre de 2014 a sus tres perros, sin agua ni alimento, en un inmueble de Godelleta. La Policía Local, alertada por los vecinos, los rescató cuando uno de ellos ya estaba muerto y los otros dos en muy mal estado. El juez decidió aplicar la mínima sanción contemplada en el artículo 337 bis del Código Penal: 30 euros por cada perro.

Ojalá los recursos, el celo y severidad con que piensan castigar a quien inclumpa la normativa, los aplicaran igualmente para:

- Acabar con las peleas de perros.

- Formar a las policias locales, exigiéndoles que faciliten la tarea de los encargados de perreras y protectoras.

- Vigilar a los animales que están en malas condiciones en sus respectivos municipios: viviendo en balcones, hacinados en zulos, atados en naves o en campos.

- Cursar las pertinentes denuncias.

- Decomisar a dichos animales, antes de que los denunciados los hagan desaparecer.

- Habilitar en todos los pueblos un espacio para albergar a los animales recogidos hasta que los responsables se hagan cargo de ellos.

- Crear albergues municipales gestionados por protectoras, en lugar de recurrir a empresas exterminadoras.

- Realizar campañas subvencionadas de esterilización.

- Realizar campañas en favor de la adopción responsable.

- Crear y mantener parques para esparcimiento canino.

- Dar charlas en colegios e institutos para formar a niños y jóvenes en el respeto a todos los seres vivos y a los espacios públicos.

Es urgente reformar de una vez las leyes de protección animal y exigir su cumplimiento. Crear una ley marco, válida para toda España. En muchos Ayuntamientos no se tramitan denuncias ni sanciones por no quedar mal con el vecino. Hay que estipular unas sanciones mínimas razonables, de modo que ningún juez tenga la facultad de aplicar sanciones irrisorias para delitos graves.

Es imprescindible inhabilitar de por vida a los maltratadores. Es una temeridad dejar a seres indefensos a merced de alguien que ha sido capaz de hacerles daño.

La vida no tiene precio, porque es imposible comprarla. Pero sin embargo, nos costaría lo mismo ensuciar la calle con las heces de un perro, que dejar morir de hambre y sed nada menos que a 600.

Una pena tan severa para castigar una infracción municipal cuando sale tan barato matar, es un agravio comparativo que demuestra nuestras prioridades y nuestro nivel de civilización.

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