La administración no responde

PEDRO ORTIZ

Una de las mayores taras de la democracia española es la distancia que existe entre la ciudadanía y sus representantes. Repito lo de española, porque en otros países y especialmente en los anglosajones este problema lo tienen bastante mejor solventado. Entre concejales, diputados de la Diputación, diputados de les Corts, diputados del Congreso, senadores y eurodiputados cada valenciano de la ciudad de Valencia está representado por un centenar de políticos. Ellos mismos cuando quieren hacerse valer se muestran como representantes del pueblo, que sustituye al antiguo no sabe usted con quién está hablando.

Cada cuatro años, por turno de institución, se hacen visibles, amables y hasta aparentemente cercanos. Pero una vez elegidos tienen cuatro años que no emplean en representar a sus ciudadanos, sino en dar la cabotà a los líderes de su partido y sobre todo a quienes se encargan de elaborar las listas electorales.

Durante esos cuatro años, un ciudadano puede tener cualquier problema con cualquiera de las muchas administraciones -de hecho es muy difícil encontrar a un ciudadano que no lo tenga-, pero ninguno de los cien representantes que tanto presumen de serlo ayudará al representado. Desaparecen, como los aparcamientos en Valencia. Ni siquiera un pequeño despacho en la sede del partido para estar, por ejemplo, los martes, de cinco a seis. No es ocurrencia: sucede en muchos países.

Los expertos afirman que una solución son las listas abiertas, aunque otros expertos -hay expertos para todo, dependiendo de quién paga- aseguran que las listas abiertas son inútiles, porque pocos vecinos conocen a los candidatos. Pocos conocen a los candidatos... precisamente porque no hay listas abiertas, que de haberlas ya se encargarían ellos de darse a conocer.

Cuento todo lo anterior porque un ciudadano alicantino ha escrito a la Conselleria de Educación quejándose de la ausencia del castellano en un documento oficial y ha recibido la respuesta en valenciano. A la postre, ha intervenido el Síndic de Greuges para dar la razón al ciudadano y ha instado a la Conselleria de Educación a que responda en la misma lengua en la que le escriben.

Tiene suerte el paisano alicantino: ha recibido contestación; dos, si se suman la de la Conselleria y la del Síndic. En valenciano, como si fuera de guasa, pero se le ha respondido y eso no es habitual por estos lugares, donde lo usual es que la respuesta sea la callada. Así que admitiendo que es casi una mofa el quejarse por la falta de uso del castellano y que la réplica sea en valenciano, al menos el ciudadano ha recibido respuesta. Además, el Síndic le da la razón. Sólo falta que la conselleria se aplique el cuento para el futuro, pero pedir tanta responsabilidad a los responsables políticos es demasiado. Yo ni siquiera sé a quién pedírsela.

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