Acoger sin integrar

AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA

Uno de los pilares básicos de las políticas públicas es la integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, es decir, la integración de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Así lo comprobamos cuando la vicepresidenta Oltra propuso en septiembre del año 2015 fletar un barco para transportar refugiados a Valencia y tomar las medidas necesarias para transformar el edificio 'Veles e Vents' en un centro para el internamiento de refugiados. Incluso reclamó con otras comunidades la creación de un corredor humanitario para colocarse en los primeros puestos de la liga retórica de la solidaridad internacional.

Semanas más tarde, la propia Oltra cerraba el Centro para el estudio y la integración de Inmigrantes (CeiMigra) mostrando no sólo un desconocimiento radical de las políticas de asilo, refugio e integración de los inmigrantes, sino falta de visión, horizonte y capacidad para gestionar con altura de miras el conjunto de la política social. Con el paso del tiempo, estas autoridades autonómicas y locales no sólo han mostrado su incompetencia para gestionar las políticas de menores y poner en marcha un sistema integrador de política social básica, sino que se han olvidado del barco que les cedía Balearia o el 'Veles e Vents' como fuegos artificiales de su política social.

Si de verdad nos interesa una política democrática basada en la transparencia y la rendición de cuentas, ha llegado el momento de analizar qué ha pasado con las políticas administrativas de reubicación y reasentamiento que se promovieron en el año 2015. Aunque nuestra clase política no está dispuesta a rendir cuentas de estos temas incómodos de política social, al menos como ciudadanos debemos aprender a distinguir entre políticas de acogida y políticas de integración, sobre todo cuando la hospitalidad se ha convertido en una referencia ética en el horizonte democrático global. Nuestra relación con los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo no puede limitarse a la simple beneficencia inicial de acogerlos, sino a la compleja justicia social de integrarlos.

Algunos estudios recientes sobre esta compleja relación entre 'acoger' e 'integrar' realizan recomendaciones interesantes que brillan por su ausencia en la administración valenciana: (a) coordinar las decisiones 'intra-' e 'inter-' administrativas; (b) generar redes de confianza e intermediación entre el sector público y el privado; (c) evitar la precariedad, electoralización e inestabilidad de las organizaciones cívicas colaboradoras; (d) cumplir los plazos legales en la tramitación de expedientes; (e) activar espacios formales e informales para el encuentro y la generación de vínculos, etc. La eficacia de estas medidas requiere una administración al servicio de la sociedad y no una sociedad al capricho de sus élites políticas.

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