Cómo acabará la reforma constitucional

La guerra por mi cuenta

Los partidos constatarán sus diferencias y terminarán formando una comisión de estudio para llegar al final de la legislatura sin cambiar una coma

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Ya sé que lo de predecir el futuro y errar en ello es patrimonio de los politólogos, pero dado que se trata de la reforma de la Constitución déjenme que por una vez me moje. Si me equivoco siempre podré aducir, Señoría, que fue una declaración carente de valor jurídico y puramente simbólica. Y si acierto, no sé si me llegaré a forrar como gurú, pero desde luego me alegraré muy sinceramente.

A estas alturas todos los partidos del arco parlamentario -salvo los diputados a media jornada de Esquerra y el PDCat- han dicho por activa y por pasiva que la reforma constitucional es de todo punto inaplazable, y han cifrado en ella no solo la salida al laberinto catalán, sino la misma regeneración del sistema político español, ahora que se aproxima a la crisis de los cuarenta.

Pero sucede que lo primero, aun siendo un objetivo loable, es de todo punto implausible. La concesión de privilegios reales o simbólicos a Cataluña es inaceptable no solo para populares y Ciudadanos, sino también para todos los socialistas al sur del Ebro, amén de que nunca generaría ni el más mínimo gesto de gratitud por parte de unos nacionalistas catalanes irremediablemente instalados en una realidad paralela. Por no decir que levantaría ampollas también en las restantes formaciones nacionalistas -para empezar, en Compromís- que a pese a su recurrente apelación a una España diversa, no hacen sino pedir un Derecho civil como los catalanes, un concierto como los vascos, y unas infraestructuras como los madrileños.

Y en cuanto a lo segundo, más de lo mismo. Federalizar España, clarificando y blindando las competencias del Estado, y exigiendo a las comunidades un plus de «lealtad federal» convence a los socialistas, pero -tal vez más por una cuestión de forma que de fondo- no a populares ni a Ciudadanos, ni -esta vez más por una cuestión de fondo que de forma- a Podemos, ni tampoco -por ambos motivos- a los vascos. Recentralizar nuestro modelo de organización territorial, reduciendo y uniformizando el actual reparto competencial a fin de disminuir su conflictividad y aumentar su eficiencia constituye la causa misma por la que nació Ciudadanos, y agrada al Partido Popular, pero preocupa a los barones socialistas, resulta rechazable para Podemos, y constituye una innombrable bicha para nacionalistas de aquí y de allá. Y en cuanto a avanzar en la descentralización, es obvio que la experiencia catalana nos ha vacunado contra ello por al menos una generación.

De manera que mi predicción es que todo quedará, una vez más, en nada. Que los partidos se verán las caras, constatarán su único punto en común -que hay que hacer algo- y sus múltiples diferencias -que no coinciden en qué- y acabarán concluyendo que la mejor solución es formar una comisión de estudio que les ayude a llegar al final de la legislatura sin cambiar una coma de la Constitución. Y aquí paz, y dentro de tres años elecciones.

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