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IMPUESTOS, OTRA VEZ

El Ayuntamiento lleva dos años sin regular los apartamentos turísticos pero reclama al Gobierno poder cobrar de esta actividad

PACO MORENO

Lunes, 29 de mayo 2017, 00:49

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La estrategia del impuesto no es siempre adecuada y, en este caso ha sido precipitada. El alcalde Joan Ribó pidió dos veces la semana pasada, una en Madrid y otra en Valencia, que los apartamentos turísticos tributen más allá del Impuesto de Bienes Inmuebles y lo que fije la ley para esta actividad. Y lo reclama dos años después de llegar a la alcaldía sin aprobar ningún tipo de regulación en el cap i casal pese a la fuerte demanda en algunos barrios.

La segunda vez que Ribó habló del tema introdujo un matiz importante, seguramente para evitar un aluvión de críticas. Se trata de que pasen por caja las grandes empresas, no los particulares, sin determinar nada más, pero así no irritar a la esforzada clase trabajadora (lo que antes de la crisis era clase media) que ha conseguido un segundo piso en propiedad para sacar algo de renta con alquileres y garantizarse una jubilación digna más allá de la pensión.

Más allá de ese matiz en el asunto de los apartamentos turísticos conviene empezar por otro lado, más que nada para evitar la acusación tan recurrente de "afán recaudatorio" que se cuelga a la Administración pública. Hoy publicamos una encuesta de la concejalía de Turismo con una serie de conclusiones interesantes, como que la opinión mayoritaria es que la regulación debe ser flexible, permitiendo los apartamentos en fincas de vecinos, incluso en plantas superiores a los residentes.

Sin ánimo de ir siempre a contracorriente, en este asunto conviene ser prudentes. El 77% opina que debe ser la comunidad de propietarios la que vote la apertura de apartamentos turísticos. ¿Y si un promotor tiene la mayoría de viviendas? Entonces se desvirtúa el propósito porque en realidad no votan los vecinos. Sólo el 54% apoya que haya un número máximo por barrios, medido por número de inmuebles, habitantes o superficie. ¿Qué pasa entonces con el centro histórico, Ruzafa o el Cabanyal dentro de unos años?

Demasiados interrogantes y cuestiones a consensuar para empezar pidiendo primero a los dueños de los pisos que aflojen la pasta. Tenemos precedentes como los 5.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles o las más de 300 terrazas de bares del centro donde las subidas provocaron recursos y protestas que han fracturado las relaciones entre el Ayuntamiento y sectores económicos decisivos para la ciudad.

Además, ya sé que sonará raro pero ¿Para qué quiere el gobierno municipal más dinero si es incapaz de gastar el que tiene? Cada mes que pasa la ejecución del Presupuesto es más sonrojante por el escaso resultado. No basta con pagar pronto a los proveedores, lo que hay que felicitar y mucho, sino hacer lo mismo con las inversiones para ver cambios visibles en la ciudad más allá de medidas de tráfico basada en la confrontación y pintorescos como la próxima falla municipal, sin ir más lejos.

Los apartamentos turísticos han cambiado por completo la oferta turística de Valencia. Esa es una realidad, lo mismo que apreciar el desconocimiento del gobierno municipal sobre el sector. Las estadísticas de número y ocupación son de todo menos fiables y la economía va muy por delante de la legislación, como suele suceder. Y en dos años ha habido tiempo suficiente para presentar un borrador de ordenanza o la forma en que se quiera presentar la normativa.

Es normal que haya algunos casos donde las molestias sean extremas y que acaben en el juzgado, aunque no debe ser así la mayoría. La encuesta del Consistorio no lo refleja, aunque en mi opinión peca de buenismo en estas respuestas. Pero también es cierto que hay ciudades donde este fenómeno se ha dado antes (léase Barcelona) donde la falta de regulación ha sido catastrófica para los vecinos. De ahí la urgencia de las normas en lugar de cobrar impuestos.

La semana deja también la supresión de 51 nombres en el callejero, donde el gobierno municipal no ha puesto en práctica la pregonada transparencia y participación. La Universitat entregó su informe en noviembre de 2016 y no ha sido hasta este mes cuando se ha conocido el listado y las razones de que a medio centenar de personas se les cuelgue la etiqueta de franquistas. Mal jugado por parte de la concejal de Cultura, Glòria Tello, quien debía haber dado margen de tiempo a los descendientes afectados para que pudieran argumentar la permanencia en el nomenclátor. Si ha tenido reflejos para incluir a Pere Maria Orts un día después de la reprimenda de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, también podía haber concedido esa gracia a los demás.

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