Las Provincias

Sombras sobre la fiscalía

La fiscalía tiene en nuestro ordenamiento un encaje complicado ya que, encargada de promover la acción de la justicia en defensa de los grandes valores, se rige por una serie de principios -unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad- que chocan con el hecho de que el fiscal sea designado por el Gobierno tras oír al Poder Judicial. De forma que la independencia real de esta figura es en todo caso relativa. La tarea de la fiscalía es, pues, muy delicada, y en los últimos tiempos se ha cernido sobre ella la sombra de la sospecha. Primeramente, no fue explicado políticamente el relevo de Consuelo Madrigal en noviembre, según parece porque se negaba a realizar determinados nombramientos internos. Su sucesor, José Manuel Maza, realizó diversos cambios -algo perfectamente normal si los criterios son los adecuados- y para la Fiscalía Anticorrupción se presentaron Manuel Moix y otros seis candidatos, la mayor parte provenientes de esa misma fiscalía; Maza designó a Moix, sin experiencia en ese campo, pese a que la víspera del nombramiento la Unión Progresista de Fiscales advirtió de la existencia de conversaciones grabadas entre Zaplana y González que recogían la satisfacción de éste por la inminente designación de Moix. Otras de las destituciones improcedentes por extemporáneas fue la de Manuel López Bernal en Murcia, cuando este fiscal, que se sintió postergado, estaba impulsando el procesamiento del presidente de la comunidad. Pero todas las alarmas han saltado cuando se ha conocido que los fiscales de la 'operación Lezo' tuvieron que impugnar la orden escrita de Moix de paralizar determinadas actuaciones de la investigación y se acogieron al artículo 27 de su Estatuto que permite someter las discrepancias a la junta de fiscales. Moix terminó cediendo, pero el papel de la Fiscalía Anticorrupción quedaba en entredicho. Y ahora, el relevo de los fiscales del 3%. Es justo recordar que la gravísima corrupción que hemos padecido ha podido ser combatida gracias al celo de los jueces y fiscales, por lo que la política debe comportarse con ellos con especial delicadeza, permitiendo que la fiscalía desempeñe su insustituible tarea con profesionalidad y sin interferencias.